El desmonte ilegal en Córdoba afectó a 5.820,2 hectáreas de bosque nativo el año pasado, según datos oficiales de la Policía Ambiental del Ministerio de Coordinación de Córdoba. Es un 21% más que en 2020. Es el segundo año de aumento consecutivo. Equivalen a una pérdida diaria de 21,5 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes. En 2020 fueron 4.810,4 hectáreas intervenidas ilegalmente. El acumulado de 2016 a 2021 ya es de 43.765 hectáreas, el 75% de la superficie del ejido de la ciudad de Córdoba. Son sólo las intervenciones no autorizadas. La Secretaría de Ambiente autoriza desmontes en predios tanto en categoría amarilla como roja, por ejemplo, para realizar obras públicas como la Autovía de Punilla. Desde las organizaciones ambientalistas e investigadores reclaman información y mayor cuidado con este tipo de prácticas.
Adrián Rinaudo, director de Policía Ambiental que monitorea los desmontes, explica por qué ocurrió un aumento de superficie afectada en 2021: “El incremento más grande fue en el segundo semestre, cuando el área estuvo afectada por un brote de Covid-19. Eso provocó que demoráramos más en ir al lugar para constatar la intervención ilegal por lo que ya habían desmontado más hectáreas”. No obstante, Rinaudo asegura que están logrando mantener a raya la actividad ilegal por lo que no se desmontan más de 3.000 hectáreas por semestre. “En el primer semestre de 2022 logramos bajar bastante”, anticipa. Estos ecosistemas son sinónimos de biodiversidad y de paisaje, un atributo clave para el turismo. Pero también son vitales para la regulación hídrica y climática de la región. La ley provincial de bosque nativo (9814, sancionada en 2010), sectorizó a la provincia en tres colores según el grado de conservación. Protege cuatro millones de hectáreas. La actualización de su mapa sigue pendiente desde hace más de cinco años.
Policía Ambiental tiene bien determinadas las razones de las intervenciones por región: en la zona al norte de Jesús María los intentos de desmonte son para hacer rolado o desmonte selectivo para ganadería; hacia el noroeste es para aprovechamiento forestal y en sectores periurbanos, para desarrollo inmobiliario. En este sentido, Rinaudo explica que a veces las fluctuaciones en el desmonte ilegal se deben al contexto económico: “Por ejemplo, si los mercados muestran que la ganadería es redituable o hay una aumento de la cuota Hilton, es más probable que los productores busque intervenir el terreno para producir carne”. El 2017 fue el año con más desmonte ilegal, con más de 14 mil hectáreas afectadas. Rinaudo explica que ese año fue el boom del desmonte químico.
“Hace tres años que no vemos ese tipo de intervenciones, gracias a la aplicación de multas altas y clausuras. Hay campos que desde 2017 se están recuperando porque no se les dejamos hacer nada. Eran intervenciones de hasta 700 hectáreas que se desmontaban con una sola fumigación desde un avión”, comenta. Dos departamentos del norte cordobés, donde hay más ecosistema nativo en pie, fueron los más afectados en 2021: Río Seco, con 653,7 hectáreas, y Tulumba, con 357,9 hectáreas. En tercer lugar se ubicó un distrito con muy poco monte nativo remanente: San Justo, con 331,7. “En San Justo quedan varios parches de bosque en zona de la Reserva Mar Chiquita y en el corredor del arroyo los Guevara, anterior cauce del río Segundo. Hay zonas de categoría roja y amarilla”, explica Rinaudo.
El sector rojo es el bosque mejor conservado y donde sólo pueden realizarse intervenciones mínimas, pero con autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En 2021 se intervinieron 1.946 bajo esta categoría. En 845 hectáreas se realizaron desmontes totales. En el resto se practicaron desmontes selectivos, rolados y otros trabajos, siempre sin autorización. En tanto, al desmonte en zona amarilla lo realizan productores que desconocen la ley, la cual los obliga a pedir la autorización ante la Secretaría de Ambiente, o bien, porque deciden saltarse ese paso burocrático. Rinaudo asegura que la Provincia ha mejorado las herramientas para que los productores realicen el trámite, incluso con una especie de oficina móvil que recorre el territorio. “Nos interesa que los dueños de los predios realicen una correcta limpieza perimetral para prevenir incendios”, explica.
Fuente: La Voz del Interior
