Chile volvió a rechazar el proyecto de reforma de la Constitución escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el segundo intento del presidente Gabriel Boric, según revelaron los primeros datos oficiales del plebiscito. La nueva iniciativa fue elaborada por una asamblea conformada principalmente por las fuerzas de derecha. La Servicio Electoral informó en su página web que con un 99,65% de las mesas de votación escrutadas, la opción «en contra» se impuso con 55,76% de los votos, mientras que la alternativa «a favor» obtuvo 44,24%.
Es la segunda vez poco más de un año que el país sudamericano celebra una votación para reemplazar su texto actual, una promesa nacida de protestas a gran escala, y a veces violentas, contra la desigualdad, que se apoderaron del país a fines de 2019. La primera asamblea elegida para redactar un nuevo texto estuvo dominada por la izquierda, pero su borrador, centrado en derechos sociales, indígenas, ambientales y de género, fue rechazada abrumadoramente en septiembre del año pasado.
El electorado giró entonces a la derecha para el segundo borrador y los votantes eligieron una asamblea dominada por partidos conservadores. Ese texto que se sometió a votación se considera más conservador y favorable al mercado que la Constitución actual. Esta nueva versión está centrada en los derechos de propiedad privada y las normas estrictas en torno a la inmigración y la seguridad. La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los puntos más conflictivos de la nueva propuesta, que introduce un matiz con respecto de la Constitución vigente.
El texto afirma que «la ley protege la vida de quien está por nacer», reemplazando por la palabra «quien» el «que» de la formulación original. Además, el texto nombra como «niño» a «todo ser humano menor de dieciocho años de edad» y habilita la «objeción de conciencia», un mecanismo que podría dificultar el acceso a la práctica. El nuevo texto incluye lo que suele llamarse la paridad de entrada; es decir, la garantía a la presentación de igual cantidad de candidaturas de mujeres como de hombres.
Sin embargo, no asegura la paridad de salida, que garantiza que también los puestos resultantes estén repartidos de manera equilibrada. En un video en el que se pronunció ruidosamente «en contra» del nuevo texto, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirma: «Esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Debemos ir más allá, ampliando esos derechos, no limitándolos».
La propuesta de Constitución habilita la expulsión de los inmigrantes ilegales, cuando afirma que: «La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos».
Sobre el acceso a la vivienda, el nuevo texto afirma la promoción de «acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con referencia de acceso a la vivienda propia», aunque introduce una novedad: por primera vez, se elimina el pago de impuestos y contribuciones sobre la vivienda. «El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial».
Francisco Vidal, exministro de Defensa Nacional (2009-2010), aseguró que apenas un 23% de los chilenos de mayores ingresos están alcanzados actualmente por este impuesto. «Chile es un país muy segregado territorialmente por lo que las comunas se financian de forma solidaria. Quitar el impuesto a la vivienda significa desfinanciar al resto de las comunas», explicó a CNN. El texto propuesto para la nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas, y afirma que «respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos».
También consagra la «interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país». Sin embargo, aclara que los reconoce «como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible», en referencia al conflicto mapuche en el sur del país y a las demandas de carácter nacional de esa comunidad. Además, a lo largo del texto hay una serie de menciones al terrorismo, al que declara «en cualquiera de sus formas (…) contrario a los derechos humanos y a la seguridad de la Nación», además de reconocer «especialmente a las víctimas de terrorismo».
En el caso del sistema de salud, el mismo se divide en un sistema público —que abarca al 83% de la población— con grandes deficiencias y listas de espera de hasta dos millones de personas; y el sistema privado, de gran nivel pero en el que se atiende apenas un 17% de la población. En el caso de la Educación, el esquema se repite, con apenas un 9% de la población accediendo al sistema privado, y un 91% relegado a un sistema público con muchos problemas. En relación con las pensiones y jubilaciones, se refuerza el sistema actual y queda descartada la posibilidad de un sistema de reparto.
Fuente: Ámbito Financiero
