El Estado argentino comenzó este martes a exponer sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El objetivo central de la presentación es exigir que se dicten medidas provisionales para detener el avance del proyecto de hidrocarburos Sea Lion, impulsado en la Cuenca Malvinas Norte por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Este paso judicial marca un precedente histórico para la diplomacia nacional: es la primera vez que la Argentina litiga contra el Reino Unido frente a un tribunal internacional por un conflicto directamente vinculado a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La misión en territorio alemán es encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. La argumentación presentada fue redactada en conjunto por los equipos jurídicos de Economía, Cancillería, la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica.

A la defensa nacional se sumaron tres destacados especialistas internacionales. El grupo incluye a Marcelo Kohen, exjuez ad hoc del propio Tribunal y exsecretario general del Institut de Droit International, quien ya representó a la Argentina en 2012 cuando se logró la liberación de la fragata Libertad.

De acuerdo con el cronograma oficial establecido, las audiencias comenzaron el martes con la alocución argentina (de 10 a 13 horas) y la respuesta británica (de 15 a 18). Para este miércoles está pautada una segunda ronda destinada a repreguntas: la delegación nacional tendrá su turno entre las 10.30 y las 12, mientras que el Reino Unido expondrá de 17.30 a 19.

Las sesiones se desarrollan en inglés o francés y pueden visualizarse mediante streaming en la página web del Tribunal. La solicitud actual se desprende del arbitraje iniciado contra Gran Bretaña el pasado 28 de septiembre, bajo el paraguas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Debido a que ese tribunal arbitral todavía no terminó de conformarse, el 13 de octubre la Argentina debió recurrir a la sede de Hamburgo para pedir una medida de urgencia. Se exige prevenir el comienzo o la continuidad de la extracción de crudo en la plataforma continental, que los británicos se abstengan de agravar la disputa y que no le impidan al país cumplir con su deber de proteger el ecosistema marino.

El argumento principal del Gobierno radica en que el avance de la explotación provocaría un hecho consumado irreversible y generaría un daño irreparable a los derechos nacionales, motivo por el cual no se pueden aguardar los tiempos administrativos del arbitraje original.

Según las proyecciones de las empresas operadoras, las perforaciones iniciarían en 2027, para luego alcanzar la fase de producción comercial en 2028. El Ejecutivo calcula que el Tribunal emitirá su resolución en un plazo de entre dos y cuatro semanas (para la segunda quincena de noviembre o principios de diciembre).

Para realizar esta estimación se basan en el caso de la fragata Libertad retenida en Ghana: en aquella oportunidad, la Argentina solicitó las medidas el 14 de noviembre de 2012, las audiencias se celebraron el 29 y 30 de ese mes, y el buque fue finalmente liberado el 15 de diciembre. No obstante, las fuentes aclaran que aquellos tiempos no fijan un plazo obligatorio para este caso.

Fuente: Diario El Liberal (Santiago del Estero)