El derecho a una muerte digna, la ley de eutanasia que lo recoge, estará en vigor en España dentro de tres meses. Los españoles que padecen enfermedades incurables, crónicas e inhabilitantes, aquellos que se encuentren en fase terminal, quienes carecen de toda esperanza de disfrutar de una vida digna y soportan sufrimientos intolerables, podrán poner fin a la misma de manera consciente, voluntaria e informada, por su propia mano o con ayuda, siempre con supervisión médica y sin ningún tipo de reconvención penal. La ley ha sido aprobada por el Congreso con 202 votos a favor frente a 141 en contra tras un debate en el que se han puesto de manifiesto profundas discrepancias entre quienes ven en la norma una aberración moral y apuestan en su lugar por un refuerzo integral de los cuidados paliativos y una dotación máxima de medios para la dependencia y los que celebran una decisión que ha tardado años en sustanciarse, que amplía el terreno de las libertades individuales y que sin embargo «llega tarde», como han señalado varios portavoces, para muchas personas. PP y Vox han sido las dos fuerzas políticas que se han opuesto a la norma. De hecho, ya han anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.El de Vox incluirá la petición de suspensión de la norma en tanto el alto tribunal no se pronuncie sobre el fondo de la misma. Ambas formaciones han sido duramente criticadas por el resto de grupos parlamentarios por entender que pretenden «imponer su moral» y su «intolerancia». Unidas Podemos incluso les ha echado en cara un dato extraído del CIS: el 82% de los ciudadanos apuestan por esta ley. Quienes han defendido la eutanasia han insistido en que la misma se trata «de un derecho y no una obligación», un «ejemplo de empatía legislativa» con quienes padecen un calvario y a los que no se puede añadir «más sufrimiento jurídico», como ha señalado el portavoz del PNV. «Esta ley es para quienes no hay paliativos suficientes capaces de aliviar su situación». Ciudadanos también ha hecho hincapié en la bondad de la norma que suma a España a la lista de países europeos -Holanda, Bélgica y Luxemburgo- que ya contemplan el «derecho a decidir» el momento de poner fin a la propia vida o, si se prefiere, «en qué condiciones quieren vivir». La formación naranja se ha mostrado muy satisfecha de esta ley que es, en su opinión, un ejemplo de «política útil» y «garantista» en pro de las libertades y derechos. En el mismo sentido se ha posicionado ERC, que ha destacado el «avance en derechos y libertades» que supone la ley porque, no en vano, reconoce el derecho a la autodeterminación de las personas, un concepto especialmente reivindicado en otros ámbitos por los independentistas. Desde Vox, el discurso contra la eutanasia ha sido durísimo. «Una norma de muerte», una «burla» que «sobrepasa los límites de un Estado democrático» y se convierte en «especialmente repulsiva y repugnante» cuando aún se lamentan decenas de miles de muertes por la pandemia. «Decimos adiós a la vida, a los derechos humanos y a los principios de la Constitución», ha clamado su portavoz Lourdes Méndez. Vox ha hecho hincapié en que la ley al haberse presentado como proposición de grupos parlamentarios ha sorteado todos los dictámenes preceptivos para una norma orgánica y ha «ignorado y despreciado». Los populares han lamentado también que la norma haya desdeñado todos los informes y se apruebe de forma exprés en medio de una pandemia. El PP como Vox argumenta que el comité de bioética de España y el de psiquiatría están en contra porque abre la puerta a eutanasias no solicitadas y convierte a nuestro país en un terreno apto para el turismo del fin de la vida. «Un atentado contra la vida humana» y un «chantaje» a los sanitarios, en opinión del portavoz del PP para quien «el deseo de morir desaparece cuando las personas son tratadas adecuadamente». «Esta ley supone empujar a los más vulnerables; ejerce un poderoso efecto llamada a la muerte», ha asegurado el diputado José Ignacio Echániz para quien lo indispensable es desarrollar los cuidados paliativos, una prestación que, según ha defendido, ya no podrá solicitarse en domicilio mientras que sí podrá pedirse la muerte en casa. Tras estos duros alegatos, la diputada socialista María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad y una de las principales promotoras de la ley, ha destacado la importancia de que desaparezcan las sanciones penales para quien ayuda a otra persona a morir. La norma es «libertad con mayúsculas», ha defendido después de leer la valoración que hacen de la ley personas en gravísima situación. La diputada socialista ha replicado a la petición de cuidados paliativos del PP recordándoles que fueron ellos los que hasta en tres ocasiones se opusieron a una ley sobre esta cuestión y recortaron hasta 12.000 millones en dependencia. La intervención de Carcedo ha sido acogida con un larguísimo aplauso de la bancada de izquierdas. La ley de eutanasia que ha sido aprobada incluyendo las enmiendas procedentes del Senado, prevé que toda persona con «enfermedad grave e incurable» o «padecimiento crónico e imposibilitante» que le produzca un «sufrimiento físico o psíquico intolerable» pueda solicitar ayuda para morir. La eutanasia será una prestación incluida en la cartera del sistema nacional de salud y por tanto su coste correrá a cargo del Estado. La petición debe, no obstante, respetar condiciones estrictas: ser nacional español o residente legal; estar en condiciones de capacidad y consciencia en el momento de hacer la demanda; formularla por escrito y sin presiones y repetirla a los quince días; la solicitud, además, ha de ser analizada y aprobada por dos médicos y recibir la autorización de una Comisión de Evaluación. Por su parte, los médicos y cualquier profesional sanitario pueden alegar «objeción de conciencia» y negarse a participar en el procedimiento.

Fuente: El Mundo