Una sorpresiva medida de fuerza dejó sin transporte a miles de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde más de 50 líneas de colectivos quedaron sin servicio durante casi toda la jornada. El conflicto se desató a partir de un reclamo gremial de trabajadores del Grupo DOTA, que demandan el pago de una deuda salarial. El paro abarcó a gran parte del servicio de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Comenzó desde las cero horas y dejó fuera de servicio a las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 San Vicente, 514 Almirante Brown y 520 Lanús. Durante las primeras horas del día distintas paradas centrales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires mostraron largas filas de personas que se sorprendieron al conocer que el servicio no funciona con normalidad, justo el día de inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires.
Según se informó, a última hora del domingo gremios del sector decidieron llevar a cabo una retención de tareas hasta que las empresas le paguen lo adeudado a los choferes y, si bien los trabajadores se presentaron en las diferentes cabeceras, trascendió que hasta que no cobren lo que desde el GRUPO DOTA les deben, no prestarán el servicio. Los choferes de la empresa de Dota decidieron levantar el paro de colectivos recién por la tarde. Los trabajadores llevaron la propuesta salida del Ministerio de Trabajo y, luego de someterla a asamblea, la misma fue aceptada.
La medida afectó con fuerza a los cientos de miles de trabajadores que se desplazan desde el conurbano para trabajar en la Ciudad de Buenos Aires. Las paradas mostraron las complicaciones que tuvieron que atravesar bonaerenses y porteños para arribar a sus empleos. Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires remarcaron que se encuentran al día con los pagos a las empresas, argumento que a principios de año fue utilizado por las cámaras empresariales para frenar los servicios.
Fuente: La Prensa