La Cámara alta tardó más de 12 horas en votar la iniciativa. La primera votación terminó empatada 36 a 36 y la vicepresidente Victoria Villarruel desempató a favor del proyecto con una arenga que provocó un griterío desde la bancada peronista.
Tras un largo debate del que participó más de medio centenar de oradores, la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de “Ley de bases”. Treinta y tres kirchneristas, dos legisladores de Santa Cruz y el radical Martín Lousteau votaron contra la iniciativa, mientras los libertarios, el resto de los radicales, el PRO y los partidos provinciales lo hicieron a favor.
Acto seguido empezó una votación en particular trabajosa porque el gobierno aceptó cambios hasta última hora para conseguir el apoyo necesario. Después el gobierno esperaba poder mantener el quórum para aprobar la reforma tributaria.
Se esperaba que la sesión se prolongase hasta entrada la madrugada. El debate se caracterizó por el uso de un lenguaje agresivo por parte de la oposición en el recinto y un clima de violencia en el exterior, donde activistas políticos y grupos gremiales chocaron con las fuerzas de seguridad.
Los incidentes comenzaron cuando grupos de manifestantes intentó cortar el tránsito, apedreó a la policía, incendió vehículos y debieron ser dispersados por efectivos de la Prefectura. De los enfrentamientos también participaron diputados peronistas que denunciaron más tarde haber sido reprimidos por las fuerzas de seguridad.
Los ataques callejeros fueron un intento fallido impedir la sesión. A lo largo del debate Unión por la Patria intentó voltear la ley en dos oportunidades. En una pidió la vuelta a comisión del dictamen del oficialismo; en la otra, mientras se producían los incidentes en la calle, reclamó un cuarto intermedio para averiguar lo que ocurría.
En ambos casos fracasó. El libertario Bartolomé Abdala abrió la discusión de los 10 títulos, 31 capítulos y 232 artículos del proyecto con sanción de Diputados. Sostuvo que representaba la voluntad de cambio de la mayoría de los votantes y que el texto inicial del Poder Ejecutivo había recibido muchos aportes de la Cámara baja por lo que debía ser considerado una ley del Congreso.
Pero lo relevante de su discurso fue menos la apología de la iniciativa oficial que el anuncio de las modificaciones que se le introducirían para facilitar su sanción, entre ellas, la supresión del capítulo que eliminaba la moratoria previsional y el abandono del intento de privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y la TV Pública.
También aceptó el oficialismo sacar de los organismos estatales a ser reorganizados o suprimidos los dedicados a actividades culturales como el Incaa. Otro cambio consistió en no suspender las obras públicas a las que les falte el 20% para estar completada o cuente con financiamiento internacional.
Acto seguido el radical Martín Lousteau anunció su rechazo a la norma porque significaba “darle a las grandes empresas todo ahora y para siempre”, mientras “a los jubilados se les pedía esperar”. Aseguró que él nunca había votado facultades delegadas y que no lo haría en este caso y que su posición no era ni de “seguidismo bobo”, ni obstruccionista.
Por el kirchnerismo, la catamarqueña Lucía Corpacci admitió que había votado antes delegación de facultades para gobiernos kirchneristas, pero que con Javier Milei no lo haría porque dárselas a un presidente “cruel” era “peligroso”. La que reflejó más cabalmente la furia opositora fue la fueguina Cristina López que calificó a Milei de “enfermo mental” y pidió una ley para proteger al pueblo de presidentes como él.
Consideró que el peronismo debería “pensar seriamente en hacerle juicio político” y sostuvo que quienes votasen a favor de la ley de bases serían “traidores a la patria”. Otro exponente del malhumor que se extendía en los bloques de Unión por la Patria ante una eventual derrota legislativa fue Oscar Parrilli que llamó varias veces “senador prófugo” a un miembro del bloque libertario que quería interrumpirlo.
Fuente: Diario La Prensa
