El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este lunes anular las tres condenas por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La inesperada decisión es una auténtica bomba política porque comporta que el exmandatario queda nuevamente habilitado para postularse a la presidencia, un derecho que podría ejercer en las elecciones del próximo año. La Fiscalía General del Estado anunció que recurrirá la decisión y pedirá que sea revisada por el plenario del Supremo. Anunciado mediante un comunicado del STF, el fallo fue adoptado por el magistrado Edson Fachin al considerar que los tribunales federales de Curitiba, donde se concentraron todas las causas por el escándalo de corrupción en Petrobras a cargo del exjuez Sérgio Moro, no tenían competencias para juzgar al expresidente. El magistrado decidió de esta manera aceptar el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Lula en noviembre pasado. Ahora los tribunales del Distrito Federal, en Brasilia, deberán estudiar las tres causas por las que el exmandatario ya fue condenado y decidir si los procesos deben iniciarse nuevamente desde cero. Sin entrar a juzgar los delitos de los que Lula fue acusado, Fachin decretó la “incompetencia” del juzgado de Moro para procesar y condenar al líder del Partido de los Trabajadores (PT). “Con la decisión se declararon nulas todas las decisiones dictadas por el Juzgado Federal número 13 de Curitiba y se determinó el envío de los respectivos expedientes a la Sección Judicial del Distrito Federal”, indica el comunicado del STF. Lula, de 75 años y que presidió Brasil entre 2003 y 2010, recibió tres condenas por corrupción y pasó 19 meses encarcelado. Desde finales de 2019 estaba en libertad y tenía pendientes otros siete procesos, también relacionados con el saqueo a la petrolera estatal, también denominado caso Lava Jato (lava coches), donde también se investigaba al exsindicalista por cobrar dinero de las constructoras OAS y Odebrecht a cambio de conseguir contratos con Petrobras. La primera sentencia fue impuesta por Moro en 2017. El expresidente fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por haber recibido un apartamento en la playa paulista de Guarujá. Sin embargo, no ingresó en prisión hasta el año siguiente, cuando la sentencia fue confirmada en segunda instancia, lo que también supuso su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, lo que impidió que pudiera concurrir a las elecciones presidenciales de 2018 que acabó ganando el ultraderechista Jair Bolsonaro. Inhabilitación que ha quedado revocada con el fallo del STF de este lunes. En 2019 Lula también fue condenado a distintas penas de cárcel por el caso Atibaia, relacionado con la posesión de una finca en el interior del estado de Sao Paulo, y por haber utilizado el Instituo Lula como pantalla para cobrar sobornos de las mencionadas constructoras. También en 2019 la publicación digital The Intercept reveló conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Petrobras que inducían a creer en la parcialidad del juez y de los miembros del ministerio público. En ese momento, el controvertido magistrado ya había sido nombrado ministro de Justicia y Seguridad por Bolsonaro, aunque en 2020 abandonó el cargo tras enfrentarse públicamente al mandatario ultraderechista.

Fuente: La Vanguardia