La Fiscalía boliviana se ha lanzado en tromba contra la ex presidenta Jeanine Áñez, contra varios de sus ex ministros y contra los militares y policías que obligaron a renunciar a Evo Morales tras el fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA). La ex presidenta interina Jeanine Áñez pasará a la historia como la primera gobernante tras el fin de la era de Evo Morales y como la detenida de mayor rango por los hechos que forzaron la renuncia del máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS) a la Presidencia de Bolivia en 2019. Tras un intenso y largo operativo, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y varios funcionarios de la Fiscalía, se arrestó a Áñez, quizás la persona más buscada estos día en Bolivia. Las acusaciones del funcionario del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) van desde la conspiración y la sedición hasta terrorismo. Todas ellas forman parte del caso denominado «Golpe de Estado», montado por la revolución indígena para imponer su relato político y hacer olvidar el fraude cometido en las urnas. La Policía buscó a la ex presidenta en su domicilio de Trinidad, a 500 kms de La Paz, pero no la encontró. «La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones», denunció Áñez a través de sus redes sociales. El operativo se realizó en la noche (madrugada en España) mientras medios locales especulaban con la huida de Áñez a bordo de una avioneta tras ser advertida del operativo policial. La orden de detención afecta a cinco miembros de su gabinete, encabezados por su mano derecha, el polémico titular de Gobierno, Arturo Murillo, quien se encuentra en el extranjero. En la lista gubernamental también aparece el excomandante Williams Kaliman, jefe de las Fuerzas Armadas durante la crisis de noviembre de 2019. El almirante Flavio Arce San Martín ya se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro. Los exministros Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía) fueron capturados en Trinidad y trasladados a la capital en aviones militares. «Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masista son el martillo ejecutor. Los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas», denunció en twitter Carlos Mesa, ex candidato presidencial de la centrista Comunidad Ciudadana. El también expresidente detalló en CNN la «cacería de brujas» iniciada bajo las órdenes de Evo Morales, líder de la revolución. «No me sorprendería que luego fueran a por nosotros», culminó. Iván Arias, alcalde electo de La Paz, emitió un comunicado en el que denuncia la arremetida contra la ex presidenta y los otros cargos, «una acción inaceptable que demuestra que el estado de derecho no está vigente en Bolivia. Todo el país sabe que la renuncia y posterior abandono del territorio nacional del expresidente Evo Morales se debió a multitudinarias manifestaciones populares organizadas contra el fraude electoral». En la primera vuelta de las elecciones regionales y municipales celebradas el pasado domingo, el MAS no consiguió refrendar su victoria en las presidenciales del año pasado. Un duro revés en el que no sólo perdió la capital, también su bastión de El Alto, además de Santa Cruz y Cochabamba. La arremetida contra opositores y militares sucede en medio de las críticas internas contra Evo por el «dedazo» aplicado en la elección de sus candidatos. «Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Evo Morales por ese mismo motivo», alertó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. En cambio, Evo Morales, líder de la revolución indígena, arremetió contra la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) por salir en defensa de militares y policías: «¿En qué tiempos estamos? La presidenta de la APDHB defiende al golpismo y a la injusticia y oculta las masacres». Sus aliados regionales saltaron de inmediato a la palestra. «Cuando se cometen atrocidades contra el pueblo, los responsables deben pagar. Justicia para el pueblo boliviano, lo que ocurrió fue un golpe de Estado y debe ser juzgado», señaló el Grupo de Puebla, que agrupa a dirigentes izquierdistas, revolucionarios y populistas.

Fuente: El Mundo