En un campo abierto, se extienden los cuerpos sin vida de 540 animales, sobre todo ciervos y jabalíes. A su alrededor, los mayorales esperan su turno mientras los cazadores se regocijan del éxito de la jornada. La empresa española Monteros de la Cabra cuelga un vídeo con estas imágenes en sus redes sociales con el pie “¡Lo hemos vuelto a hacer! 540 animales con 16 cazadores!”. Las páginas de la empresa en redes sociales han desaparecido (y los propietarios no responden al teléfono) pero las imágenes, obtenidas entre el 17 y el 18 de diciembre y difundidas por el medio online local Fundamental, han causado un escándalo en Portugal. En declaraciones a la cadena de televisión SIC, los vecinos afirmaron haber escuchado disparos cada 10 segundos durante horas. Para el ministro portugués de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, la cacería fue “un acto vil y de odio” y ha señalado que prácticamente todos los animales fueron trasladados posteriormente a España.

La finca donde se han rodado las imágenes es la llamada Quinta da Torre Bela, a 70 kilómetros del centro de Lisboa, por décadas la mayor propiedad rústica vallada de Portugal. Durante los conturbados años tras la Revolución de los Claveles fue uno de los símbolos del fervor revolucionario, al ser ocupada por temporeros de la región. Devuelta a manos privadas en 1978, volvió a ser coto de caza y lugar de celebraciones privadas, pero los propietarios ya habían pensado otro uso, más contemporáneo, para parte del terreno: una planta de energía solar fotovoltaica de 50 megavatios. Según el estudio de impacto ambiental de la obra, la previsión era que algunos animales del coto serían cazados y otros trasladados a otra parte de la finca “debidamente vallada”.

En un comunicado, los propietarios de la finca afirman que la forma en la que se desarrolló la montería fue “equivocada, ilegítima y abusiva” y señalan que los cazadores “superaron los límites firmados por contrato”. Según la cadena de radio TSF, la policía solo ha encontrado 270 precintos de los utilizados para marcar las piezas cobradas (la mitad de los que correspondería), aunque la entidad que los emitió reconoce que “podrían haberse usado sellos de años anteriores”. Igualmente, los responsables del proyecto fotovoltaico, la británica Aura Power y la francesa Neoen, han afirmado en una nota de prensa que “no están de ninguna manera relacionados con lo ocurrido, ni con la actual gestión, propiedad o explotación” de la finca.

Matos Fernandes también ha buscado desligar la responsabilidad de la construcción de la central, parte de un proyecto que implica la construcción de otra central de 150 megavatios a pocos kilómetros y que se engloba dentro de la apuesta del Ejecutivo portugués por las energías renovables. Aun así, la tramitación de la declaración de impacto ambiental de la planta —que estaba en fase de consultas públicas— ha sido suspendida durante al menos 30 días; la licencia de caza de la finca, retirada, y la Fiscalía ha abierto una investigación por un posible delito ambiental. El ministro también ha prometido una revisión de la legislación cinegética y un refuerzo de las inspecciones en los más de 1.500 cotos privados del país.

La oposición, por su parte, ha pedido explicaciones. El principal partido fuera del Gobierno, el PSD (de centroderecha) ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del director del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los bosques, mientras que el ecologista PAN ha requerido la presencia del propio ministro. “Es habitual que en las monterías haya decenas o cientos de animales muertos”, ha comentado el líder del PAN, André Silva, al Diário de Noticias. Las asociaciones ecologistas igualmente han mostrado su indignación. “No aceptamos la falta de respeto descarada a los derechos consignados por ley, sin que sean encontrados los responsables por esta atrocidad”, han señalado desde la Confederación Portuguesa de Asociaciones de Defensa del Medio Ambiente. “Esto no es caza”, ha afirmado la Federación Portuguesa de Caza en un comunicado. “Contraría todos los principios éticos subyacentes al hecho de cazar”.

Fuente: El País