Elecciones sin rivales. Así es el «paraíso» político diseñado por la pareja presidencial en Nicaragua, versión sandinista de la estrategia electoral de Nicolás Maduro que conlleva el encarcelamiento o secuestro de los cuatro principales aspirantes de la oposición. Hoy y tras conocerse las detenciones, EEUU anunció nuevas sanciones para cuatro figuras clave del andamiaje sandinista, incluida Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial y «asesora clave» de la vicepresidenta, además de ser la administradora del Canal 13 de televisión. Washington la acusa de difundir propaganda fiscal y de beneficiarse mientras «exprimen a los medios independientes». Los otros castigados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son Leonardo Reyes, presidente del Banco Central; el general Julio Rodríguez Balladares y el diputado oficialista Edwin Castro. Washington acusa a todos ellos de ser cómplices de socavar la democracia y abusar de los derechos humanos. La amenaza es clara: continuarán las sanciones. La Policía revolucionaria y la Fiscalía cazaron el martes a Félix Maradiaga a 400 metros de la sede del Ministerio Público, a donde había acudido para prestar declaración. Róger Reyes, su abogado, ha descrito la violencia empleada por los agentes: abrieron la puerta del auto y sin mayor preámbulo pegaron un puñetazo en el rostro del ex ministro. Los golpes continuaron durante la detención. Horas más tarde el apresado fue Juan Sebastián Chamorro, quien dejó un vídeo grabado sabedor de lo que se avecinaba: «No se preocupen, estoy preparado espiritualmente». Contra Maradiaga, Chamorro y Arturo Cruz, detenido el sábado cuando regresaba de Estados Unidos, pesan las mismas acusaciones, extraídas de la Ley Guillotina: actos contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, aplaudir la imposición de sanciones… Desde hace una semana es la periodista Cristiana Chamorro la que permanece secuestrada en su propia vivienda, incomunicada y recluida en su habitación. Sus abogados han denunciado que ni siquiera les dejan participar en el proceso que se sigue contra ella. «Delincuentes, ladrones y terroristas», resumió la vicepresidenta Rosario Murillo en uno de sus habituales sermones televisivos. ¿Por qué han ordenado detener Daniel Ortega y su mujer a los cuatro principales precandidatos de la oposición? Cada uno de ellos es un rival inalcanzable para el sandinismo, que sólo cuenta con un apoyo de entre el 30% y 35%, de celebrarse unas elecciones con condiciones democráticas. A la cabeza de las pesadillas oficialistas se sitúa Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que hoy simboliza la lucha contra la dictadura. Cristiana ha presidido la fundación creada por su madre para respaldar la libertad de información y a los periodistas independientes, por lo que está acusada de lavado de dinero. El gran temor de Ortega es que la hija de «Doña Violeta» repita el milagro electoral de 1990, cuando forzado a convocar elecciones cayó derrotado en una sorpresa histórica. En buena parte de las encuestas ya aparecía como la principal rival de la pareja presidencial. El historiador Arturo Cruz, antiguo embajador de Ortega en Washington, se había convertido en el principal candidato de la Alianza Ciudadana, integrada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que participó en las negociaciones con Ortega de 2018, y el partido centroderechista Ciudadanos por la Libertad (CxL), que tras la inhabilitación del Partido de Restauración Democrática (PRD) queda como la principal tarjeta electoral de cara a noviembre. En el proceso abierto para que los opositores compitan en el proceso interno de la Alianza Cívica, Cruz partía con ventaja: es asesor de CxL y el favorito de sus dirigentes. Un secreto a voces. Félix Maradiaga, sin embargo, concita los apoyos de buena parte de los jóvenes que participaron en primera línea de combate durante la rebelión popular de abril de 2018. El abanderado de la Unidad Nacional Azul y Blanco (colores de la bandera nica) no es un Bin Laden centroamericano ni nada que se le parezca, como pretende hacer ver el régimen sandinista. Este académico y ex ministro es el creador del Instituto de Liderazgo de la Sociedad Civil y una figura clave de la lucha contra Ortega, de hecho los sandinistas le señalan como uno de los principales promotores de las protestas, provocadas por la reforma de la seguridad social planteada por el gobierno. Desde entonces, más de 300 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares y más de un centenar se han convertido en presos políticos. «Mis manos están limpias, mi conciencia está limpia», se defendió Maradiaga antes de ser detenido de forma salvaje. Ya anteriormente el aspirante presidencial había sufrido palizas e intentos de atentado. Su familia teme que prosigan los malos tratos, tras conocer que el activista permanece recluido en la temida cárcel de El Chipote, lugar en donde se administran torturas a los presos políticos. Sobre el economista Juan Sebastián Chamorro, el cuarto en la lista de los capturados, pesan su postura firme y su apellido, ya que es primo de los hermanos Chamorro. Director ejecutivo de la Alianza Cívica hasta enero, renunció para centrarse en su candidatura y apostó por conseguir un acuerdo entre todos los opositores. «Ortega es un dictador. La comunidad internacional no tiene más opciones que tratarle como tal», fustigó Julie Chung, subsecretaria del Departamento de Estado. «España reitera su profunda preocupación por los últimos acontecimientos», destacó en un comunicado el gobierno español. Además de los cuatro precandidatos, el controvertido dirigente empresarial José Aguerri también fue encarcelado durante las últimas horas en El Chipote, mientras la activista Violeta Granera era apresada en su propio domicilio. Victoria Cárdenas, la mujer de Chamorro, también sufre el asedio policial y se mantiene incomunicada.

Fuente: El Mundo