El controvertido ex-presidente Jacob Zuma (2009-2018), quien en poco más de una década pasó de todopoderoso «héroe del pueblo» a gran icono de las peores lacras de la política sudafricana, se convirtió hoy en el primer ex jefe del Estado en ser condenado a prisión en la era democrática del país. Zuma deberá cumplir 15 meses de prisión por haberse negado a declarar en investigaciones de presunta corrupción cometida durante su mandato, con el agravante de haber cuestionado y desafiado públicamente al Poder Judicial sudafricano. «Es culpable del delito de desacato», confirmó hoy la jueza Sisi Khampepe, quien leyó esta mañana en Johannesburgo un veredicto emitido por el Tribunal Constitucional del país. Nacido en la región de KwaZulu Natal (este) en 1942 y de etnia zulú, Zuma comenzó su militancia en el Congreso Nacional Africano (CNA) con 17 años, solo uno antes de que la organización fuera declarada ilegal por el gobierno segregacionista (1960). A nivel personal, es polígamo, ha tenido seis esposas -solo de dos de ellas está divorciado- y se le atribuyen hasta 22 hijos, según la prensa local. Huérfano de padre, fue criado por su madre y una empleada del hogar y nunca pudo acudir a la escuela. En 1962, Zuma ingresó en el brazo armado del CNA, Umkhonto we Sizwe (Lanza de la Nación), formado por Nelson Mandela ante los nulos resultados de la resistencia pacífica. Con el Nobel de la Paz coincidió como preso en la isla de Robben, a unos diez kilómetros de Ciudad del Cabo, donde estuvo encarcelado durante una década antes de pasar al exilio en 1975, desde donde ascendió hasta responsable de los servicios secretos del CNA. No volvería a Sudáfrica hasta 1990, con el comienzo de las negociaciones para desmantelar el sistema del «apartheid». Durante esa década prosiguió su ascensión en el partido aunque tuvo que conformarse con mantenerse a la sombra de Thabo Mbeki (1999-2008), como su vicepresidente, hasta que éste le destituyó en 2005, en medio de un escándalo de corrupción. Un año después fue acusado de violación y absuelto, en un controvertido proceso judicial en el que llegó a admitir haber tenido sexo sin protección con la denunciante, Fezekile Ntsukela Kuzwayo, quien era positiva por VIH, pero que se duchó después para no contraer el virus. Pese a sus escándalos, en 2007, con el apoyo del ala izquierda del partido, Zuma se convirtió en presidente del CNA. Bajo su liderazgo, el partido sacó a Mbeki de la Presidencia y situó a Kgalema Montlanthe. En las elecciones de 2009, el CNA se alzó con casi el 66 % de los sufragios y dio a Zuma la Jefatura de Estado, que renovaría en 2014 gracias a un nivel de voto similar (62 %) pese a su creciente impopularidad. En ese periodo, la economía sudafricana, la más desarrollada de África, se estancó a la par que crecían las acusaciones de corrupción rampante en todos los sectores del Estado y de degradación sistemática del funcionamiento de las instituciones. Además, en 2016, la Justicia le obligó a devolver medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada. En ese contexto, a finales de 2017, el CNA eligió como su sucesor al mando del partido al que era su presidente, Cyril Ramaphosa, con una campaña centrada en limpiar la imagen del antiguo movimiento de liberación y de combatir la corrupción. Apenas dos meses después, en febrero de 2018, el partido dio un ultimátum a Zuma obligándole a dimitir. «He llegado a la decisión de dimitir como presidente de la República con efectos inmediatos», comunicó al filo del plazo que le imponía la disciplina de partido. Desde su salida del poder y aunque aún conserva el apoyo de una parte de la militancia y de los dirigentes del CNA (muchos de ellos también salpicados por escándalos), la Justicia no ha dejado de avanzar lentamente contra Zuma. Los principales frentes abiertos eran dos, a los que este año se sumó el proceso por desacato. En primer lugar, el ex presidente afronta actualmente un juicio por cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990. En segundo lugar, cabe mencionar los avances realizados en la investigación de la sonada trama de corrupción conocida como la Captura del Estado, gracias a una comisión judicial dirigida por el «número dos» del Constitucional, el juez Raymond Zondo. Esa investigación analiza si, durante los años de gobierno de Zuma (2009-2018), el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses. Como Zuma alega que todas las acusaciones responden a una persecución política, el ex presidente se negó repetidamente a declarar ante la comisión. De hecho, lejos de retractarse, emitió varios comunicados asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad e independencia de los jueces. «Estoy listo para convertirme en prisionero del Tribunal Constitucional», afirmó el pasado 14 de abril. La sentencia emitida hoy contra él es histórica para la democracia sudafricana, que tiene poco más que 27 años de trayectoria.

Fuente: El Mundo