Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha generado polémica este jueves ente el Gobierno de Alberto Fernández y la oposición. Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió ahora. «El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él», explicaron fuentes de la cancillería. En septiembre de 2018, los Gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina, entonces presidida por Mauricio Macri (2015-2019), solicitaron a la Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que investigue crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La misiva iba acompañada de dos informes elaborados por expertos internacionales en los que se documentaban procesos extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales. Todos esos países integraban con otros seis más el Grupo de Lima, del que Argentina, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente, decidió salir hace dos meses al considerar que las acciones que el grupo impulsaba en el plano internacional, «buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada». Al día siguiente, el Ejecutivo argentino, cuya vicepresidenta, Cristina Fernández, tuvo una estrecha relación con el chavismo cuando fue presidenta (2007-2015), envió a la CPI una carta en la que formalizaba su retirada del apoyo a la investigación. «La Argentina ha dejado de integrar el Grupo de Lima. En consecuencia, el Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco», señala esa misiva. Las fuentes remarcaron que, independientemente de que Argentina desista de apoyar la demanda, la investigación de la Fiscalía de la CPI seguirá su curso. Una vez trascendió la decisión del Gobierno de Fernández, empezaron a proliferar las reacciones, tanto de la esfera política nacional como de Elisa Trotta, representante en Argentina del opositor venezolano Juan Guaidó, quien había sido reconocido como presidente encargado del país durante el mandato de Macri. «Lamentamos profundamente esta decisión del Gobierno argentino, que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas, beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada», señaló Trotta en Twitter. «Los asesinatos, las desapariciones forzadas, las persecuciones y amenazas, la represión desmedida, han sido y son un hecho en Venezuela. Sus responsables están plenamente identificados, y la cabeza de todos ellos es quien hoy usurpa el poder: Nicolás Maduro», agregó.

Fuente: El Tiempo (Colombia)/EFE