Al menos 11 meses en la cárcel deberán pasar 7 destacados políticos prodemócratas de Hong Kong por su participación en una manifestación no autorizada en octubre de 2019, informó hoy la prensa hongkonesa. La jueza Amanda Woodcock comunicó este miércoles las sentencias por los cargos de incitación a la participación en una protesta que no contaba con el visto bueno de las autoridades y de organizar la citada concentración. Los ex presidentes de la Liga de los Socialdemócratas Raphael Wong y Avery Ng deberán pasar entre rejas 14 y 12 meses, respectivamente, mientras que el veterano político Yeung Sum, de 73 años, estará encarcelados durante 11 meses. Wong, Ng y Sum fueron sentenciados por el cargo de organizar la manifestación, mientras que Albert Ho lo fue por incitación, lo que ha resultado una pena de 16 meses. Tanto Figo Chan como Leung «Pelolargo» Kwok-hung, también ex miembros de Liga de los Socialdemócratas, fueron condenados a 16 meses en cada uno de los cargos, aunque las sentencias se cumplirán de manera contemporánea, mismo supuesto que el de la exdiputada Cyd Ho, que se verá privada de libertad durante 14 meses. La magistrada arguyó que, si bien la mini-Constitución de la ciudad recoge los derechos de reunión y manifestación, «estos derechos no son absolutos y están sujetos a restricciones constitucionales». «Estas libertades se disfrutan sujetas a esas restricciones e independientemente de las opiniones políticas de las personas», apuntó Woodcock. Durante la segunda mitad de 2019, Hong Kong asistió a numerosas y multitudinarias manifestaciones antigubernamentales que solicitaban la mejora de los mecanismos democráticos de la excolonia británica. Desde entonces, el Gobierno de Pekín ha impuesto dos leyes que, en opinión de ONG de defensa de los derechos humanos, están sirviendo para desmantelar la sociedad civil en Hong Kong y dificultar aún más el acceso al poder de los sectores críticos con el Ejecutivo chino. Pekín impuso una Ley de Seguridad Nacional el año pasado que, según los críticos, tiene como objetivo acabar con la disidencia, una afirmación que las autoridades de China continental y Hong Kong rechazan. Algunos activistas por la democracia dijeron que el espacio para las voces de la oposición se estaba «reduciendo». «Esperamos que todos comprendan que se trata de un enjuiciamiento político», dijo Chan Po-ying, presidenta de la Liga de Socialdemócratas, fuera del tribunal.

Fuente: El Mundo