«Recibían en Casa Presidencial de forma mensual entregas de dinero en efectivo y montos diferenciados contribuyendo al desfalco de 351 millones de dólares al Estado», reveló el Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, tras anunciar una orden de captura contra el expresidente de este país entre 2014 y 2019, Salvador Sánchez Cerén. No obstante, estos hechos no están relacionados con su cargo como Presidente, sino como Vicepresidente en el anterior Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Según la investigación de la Fiscalía en el marco del ‘Caso Desfalco’, Sánchez Cerén habría cobrado ilegalmente 530.000 dólares durante ese periodo «a parte de su salario como Vicepresidente», si bien no fue el único miembro del Ejecutivo en hacerlo. Concretamente, la Fiscalía ha ordenado la captura de 10 exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Funes, perteneciente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). De momento, ya se han detenido a cinco exfuncionarios, incluidos la exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador Violeta Menjíbar, el exministro de Hacienda, Carlos Enríquez Cáceres y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández, acusados de cobrar sobresueldos de 177.000, 210.000 y 208.000 dólares, respectivamente. Asimismo, han sido arrestados el exviceministro de Agricultura y Ganadería Alexander Flores y la exviceministra de Tecnología Erlinda Handal, acusados de malversar 174.000 y 162.000 dólares, respectivamente. Además del expresidente salvadoreño, se encuentran prófugos de la justicia el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, la exministra de Medio Ambiente Lina Dolores Pohl y el exministro de Agricultura José Guillermo López Suárez, acusados de cometer un desfalco a las arcas públicas de 290.000, 177.000 y 565.000 dólares, respectivamente. Todos estos exfuncionarios son acusados de los delitos de blanqueo de dinero y activos, peculado y enriquecimiento ilícito. El Fiscal General de El Salvador ha detallado que la investigación se deriva del caso Saqueo Público en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de 80,8 millones de dólares para destinarlos durante esos cinco años a ‘gastos reservados de la Presidencia’. Sin embargo, «al final de ese periodo, el monto terminó ascendiendo a 351 millones de dólares por las transferencias que fueron autorizadas por el Ministerio de Hacienda sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa». Asimismo, el Fiscal recordó que la Sala de lo Constitucional emitió dos sentencias en las que declaró que «esos mecanismos de sustracción de dinero de los salvadoreños eran ilegales». El propio Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ironizó en Twitter respecto a las detenciones: «me confirman que ninguno de los capturados vivía en una casa de cartón». Al mismo tiempo, denunció en la misma red social que el exmandatario Salvador Sánchez Cerén «es oficialmente un prófugo de la justicia» y desveló que «salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre de 2020 y jamás regresó». Por este motivo, el recién nombrado Fiscal General de este país centroamericano ha anunciado que presentará el requerimiento ante el juez competente para que se emita la difusión roja de captura de la Interpol contra él y el resto de funcionarios que abandonaron el país. El expresidente Salvadoreño Mauricio Funes respondió en Twitter que Sánchez Cerén «nunca fue notificado que estaba siendo investigado por la Fiscalía y tampoco tenía restricciones a sus movimientos». Así, informó que su exvicepresidente «salió del país hace ocho meses sin que existiera una orden de detención en contra de él. ¿Por qué va a ser prófugo de la justicia si no andaba huyendo?», se preguntó. Asimismo, Funes acusó al Fiscal General de mentir, dado que todas las transferencias de recursos para los gastos reservados «fueron autorizadas por la Asamblea Legislativa». Por ello, consideró que «todo indica que comenzó la cacería de brujas del Gobierno contra la oposición de izquierda». Funes está investigado por enriquecimiento ilícito y, por ello, se encuentra desde septiembre de 2016 en Nicaragua donde se le prestó asilo después de que así lo pidiera a finales de agosto de ese año al Gobierno de Daniel Ortega por «persecución política» en su contra. Concretamente, el máximo tribunal de Justicia de El Salvador ordenó investigarlo a él, a su mujer, Vanda Pignato y a su hijo, Diego Funes Cañas, por un incremento injustificado de su patrimonio que supera los 700.000 dólares. Mientras, el jefe de la Fiscalía ha querido dejar claro que «nosotros no estamos cuestionando el dinero que ellos recibieron en función de sus cargos, sino el dinero ilícito que llegó a sus bolsillos mediante mecanismos ilegales». Por tanto, recalcó que «no es una persecución de políticos, sino de ladrones porque son funcionarios que juraron defender la Constitución y tomaron dinero a sabiendas que era del Estado». El funcionario fue más allá al denunciar que los Gobierno del FMLN «replicaron la entrega de sobresueldos como mecanismo de corrupción, contando con el apoyo de los extitulares de la Fiscalía General de la República para encubrir este delito», aunque no presentó pruebas que involucraran a sus antecesores en el cargo, ni tampoco hay órdenes de captura en su contra. Por su parte, el Secretario General del FMLN, Óscar Ortiz, denunció que las capturas pretenden «callar las voces críticas, amenazar todo tipo de oposición y, sobre todo, lo que nunca jamás pensamos que volvería a El Salvador: la persecución política contra aquello que se oponga al grupo dominante». Cabe recordar que Sánchez Cerén no es el único expresidente de El Salvador con problemas con la justicia, dado que, en 2016, también fue detenido Antonio Saca, quien gobernó el país entre 2004 y 2009 con el partido Arena (Alianza Republicana Nacionalista). El arresto fue derivado de una investigación de la Corte Suprema de Justicia que desveló que, durante su gobierno, se retiraron 15,8 millones de dólares de la cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia con cheques emitidos a favor de Saca que acabaron en dos cuentas de su entonces secretario privado Elmer Charlaix. Saca también fue investigado por un incremento patrimonial sin justificar de más de 4 millones de dólares. Precisamente, Saca, quien fue condenado a una pena de 10 años de cárcel en 2018 por su participación en el desvío de 301 millones de dólares provenientes de fondos públicos, compareció este miércoles ante una Comisión Especial en la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde confesó haber pagado «sobresueldos» a funcionarios del ejecutivo y fuera de él, entre los que se encuentran exfiscales y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. Asimismo, en 2014 fue arrestado el exmandatario Francisco Flores (1999-2004) del partido Arena, si bien falleció en enero de ese año a los 56 años, por lo que, en un principio, no se pudo concluir la investigación en su contra por donar 15 millones de dólares a Taiwán para las víctimas de los terremotos de enero y febrero de 2001. No obstante, en abril de 2018, el Tribunal Quinto de Sentencia de El Salvador absolvió al expresidente al considerar que la Fiscalía no pudo finalmente demostrar que desviara 15 millones de dólares de donativos entregados entregados por Taiwán para los damnificados de los terremotos, por lo que resolvió que sus hijos, que eran sus herederos universales, no debían devolverle al Estado esa cantidad.

Fuente: El Mundo