Por primera vez Mendoza comenzó a aplicar la ley de Ficha Limpia, que impide que haya precandidatos para cargos provinciales que tengan condenas en primera instancia por delitos de corrupción (contra el orden económico y financiero, y contra la Administración Pública) contra la libertad o también la integridad sexual (femicidios, proxenetismo, corrupción de menores, tenencia, acopio y distribución de pornografía infantil). La Junta Electoral provincial ya pidió esta semana la información al Registro Nacional de Reincidencia de todos los precandidatos a cargos provinciales, tales como senadores, diputados y concejales de los 18 departamentos, que son alrededor de 3.000, según confirmó Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral. El funcionario destacó que por el momento “no ha habido problemas” y argumentó que el “filtro” prácticamente se ha hecho días atrás por parte de los propios partidos y frentes políticos. “Estamos todavía recibiendo información, pero con lo que ya tenemos en nuestras manos nos marca que todos los precandidatos están cumpliendo con los requisitos que impone la ley de Ficha Limpia”, marcó. Además informó que estos datos se los han pasado a los propios frentes políticos y que son ellos los que han tomado nota de antemano para no incumplir la ley. En tanto, es la Justicia Federal, a cargo del procesado juez con competencia electoral Walter Bento, la que está haciendo las revisiones pertinentes en las precandidaturas a cargos nacionales. No obstante, hay que tener en cuenta que no rige la ley de Ficha Limpia a nivel nacional ya que el proyecto presentado por el radicalismo en el Congreso no ha obtenido el aval del Frente de Todos. De esta manera, los precandidatos nacionales, además de cumplir con los requisitos para poder presentarse a cargos como diputados o senadores nacionales, deben tener nada más que un certificado que indique que no participaron ni se los vinculó con delitos de lesa humanidad. “La junta Electoral local lo que revisa son los cargos provinciales, no los nacionales. Eso es trabajo de la Justicia Federal”, culminó Albarracín. En Mendoza el año pasado se sancionó la ley, y fue promulgada en diciembre por el gobernador Rodolfo Suárez.

Fuente: Los Andes (Mendoza)