La consulta popular que busca llevar ante los Tribunales a cinco ex presidentes mexicanos no logró alcanzar el 40% de participación exigido para ser vinculante, pero eso no va a impedir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleve adelante los procesos de investigación y condena contra sus predecesores. A pesar de que menos del 7% del padrón electoral participó en la consulta, el gobierno mexicano convierte el abrumador apoyo al Sí, con cerca del 90%, en un mandato popular inexorable que demanda la creación de ‘comisiones de la verdad’ que investiguen lo ocurrido durante las administraciones anteriores. «Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo momento derecho de actuar, siempre y cuando haya pruebas, eso queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40%, pero de todas maneras es importante y ojalá los legisladores puedan bajar esa cuota», aseguró este lunes López Obrador para justificar los resultados. Mario Delgado, presidente del partido oficialista Morena, calificó la convocatoria como «un éxito pese al boicot de los nostálgicos del neoliberalismo» y aseguró que el Ejecutivo propondrá la creación de «una Comisión de la Verdad de la mano con las víctimas y una comisión contra la impunidad de los crímenes económicos del neoliberalismo». La interpretación de los resultados ha tenido una lectura mucho más pesimista entre los medios de comunicación y los líderes opositores. Diarios como ‘Milenio’ o ‘El Universal’ hablan de «desaire» a la consulta, mientras que Alejandro Moreno, presidente del PRI, apuntó a que «el fracaso de la consulta popular demostró una vez más que los mexicanos están hartos de un Gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente». El líder del PRD, Jesús Zambrano, calificó la cita como «una farsa» y el dirigente del PAN, Marko Cortés, señaló que «el capricho costó 500 millones de pesos y solo demostró que México ya no quiere más engaños, que ya no cree en las ocurrencias de Morena». Entre los cinco ex presidentes señalados -Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018)- solo dos han reaccionado ante los resultados de la consulta. En un tono irónico, Fox apuntó a que se vivió «un día histórico, la más baja participación de todos los tiempos», mientras que Calderón, por su parte, valoró la jornada como «un fracaso». Todos ellos fueron presentados como presuntos delincuentes en la publicidad electoral, distribuida masivamente en grandes carteles donde se veían sus rostros tapados, a la altura de los ojos, con los cargos que supuestamente se les imputa, sin ofrecer pruebas a cambio. Según desveló el Instituto Nacional Electoral (INE), un total de 7.212.741 ciudadanos participaron en la primera consulta popular celebrada a nivel federal en toda la historia del país. Más allá de los resultados, el presidente López Obrador celebró que México esté impulsando, tal y como prometió en campaña electoral, herramientas de democracia participativa: «Fue algo muy importante, trascendente, independientemente de si es vinculatoria o no, se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, en ningún nivel de la escala, y no se deje de respetar la pueblo». La jornada del domingo marcó un nuevo capítulo en la guerra abierta entre López Obrador y el INE, organismo que pretende suprimir y a quien culpa de la escasa participación de la cita. El árbitro electoral independiente logró instalar con éxito el 99,8% de las mesas, pero estas solo representaban un tercio de las habilitadas en las elecciones legislativas del pasado 6 de junio. El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, acusó al presidente de la entidad, Lorenzo Córdova, de «sabotear» la consulta y organizarla de «mala gana». Córdova explicó que «no pudimos poner más casillas, como queríamos, porque nos lo impidieron al no entregarnos más recursos». Dichos fondos fueron rechazados por el Gobierno bajo el pretexto de que el INE «es el órgano electoral más costoso del mundo». La cita sirvió también de antesala de cara a la siguiente gran consulta que impulsa el Gobierno: la revocación del mandato de López Obrador. El próximo 21 de marzo, los mexicanos deberán opinar sobre la continuidad de AMLO como presidente del país. «En ocho meses viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos y esta práctica se va a convertir en un hábito, en una cultura, y la vamos a heredar en las próximas generaciones, por eso estoy contento con los resultados de ayer», expresó el mandatario mexicano. Lo que no queda tan claro, a tenor de las reacciones provocadas por la consulta sobre los ex presidentes, es si el Gobierno acatará entonces el mandato popular o si volverá a interpretar los resultados a su manera, convirtiendo de nuevo en vinculante un ejercicio en el que no se alcanzan los mínimos establecidos por la Constitución mexicana.

Fuente: El Mundo