Este lunes por la noche falleció el paciente contagiado de coronavirus al que un juez ordenó que se le administre dióxido de cloro. El hombre estaba internado en grave estado en el Sanatorio Otamendi. Pese a que la institución apeló la medida judicial, el hombre recibió la sustancia, que no posee la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya que su uso podría ocasionar graves consecuencias en la salud.

Se espera que el sanatorio se manifieste al respecto en las próximas horas, tras el polémico fallo que puso en alerta a la comunidad médica. La decisión fue del juez federal subrogante Javier Pico Terrero, quien determinó que se le administre la sustancia al paciente Oscar Jorge García Rúa. El jueves pasado, el hijastro del hombre realizó una presentación judicial para que reciba urgente la administración de nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro. La mujer murió el miércoles tras contagiarse coronavirus.

La terapia la recetó el neurocirujano personal del paciente Dante Converti. El mismo profesional le suministró el dióxido de cloro el sábado y el domingo. La única forma de saber qué causó la muerte del hombre es “que se de la intervención judicial por causa de muerte dudosa”, según explicó a este medio Ignacio Maglio, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped y asesor de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). “Para conocer esa información, debería realizarse una necropsia y, a través de ella, que se establezca si hay una relación causal entre el consumo de dióxido de cloro y la muerte”, amplió. “De todas formas, el paciente estaba en una condición muy crítica”, aseguró. 

El dióxido de cloro es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene diversos efectos secundarios. La situación alertó a la comunidad médica, ya que la decisión judicial podría sentar jurisprudencia para recetar tratamientos que no están autorizados por las entidades regulatorias correspondientes. Varias sociedades científicas evalúan denunciar al profesional de la salud que solicitó la medida y al juez que la dictó. 

Fuente: La Voz del Interior