La Fiscalía sandinista ha inhabilitado de facto a Cristiana Chamorro, la hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, con el objetivo de despejar el camino electoral del controvertido caudillo de cara a las presidenciales de noviembre. La acción jurídica precedió a su captura, realizada por la policía sandinista, que asaltó de forma violenta su residencia en un giro inesperado de los acontecimientos. En el enorme despliegue oficialista participaron tanto agentes antimotines como paramilitares, que se situaron en los alrededores mientras que sus compañeros tomaban el interior de la vivienda. La orden de captura estaba firmada por una de las juezas del régimen. «No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república», denunció la periodista, de 67 años, horas antes de su detención. El órgano sandinista ordenó la inhabilitación de Cristiana Chamorro para cualquier cargo público por encontrarse en proceso penal, sin derecho a la defensa y sin ni siquiera una sentencia de por medio. Técnicamente no está «inhibida», pero la sentencia ya está dictada en su contra: se hará pública cuando el sandinismo crea conveniente. Desde que Cristiana, fundadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Fvbch) y vicepresidenta del diario La Prensa, oficializara hace meses su intención de encabezar una lista unitaria de la oposición se desataron los diablos sandinistas. La primera en reaccionar fue la vicepresidenta Rosario Murillo, mujer de Ortega. Y lo dejó muy claro: «No entregamos los bienes del pueblo a familias que se han creído los dueños del país. A lo largo de la Historia, creyéndose superiores, han vendido a la patria. Nunca más ni odio ni venta de patria». Murillo y Ortega encabezan el todopoderoso clan familiar, con sus nueve hijos repartidos entre la administración pública, un imperio mediático de televisiones, radios y periódicos, además de empresas estratégicas. Una dinastía monárquica en la que vale la pena recuperar el viejo adagio de tanto monta monta tanto Ortega como Murillo. Tras las amenazas llegaron los hechos. La acusación realizada por la Fiscalía sandinista es tan arbitraria como el proceso exprés abierto hace dos semanas contra la precandidata presidencial. A Cristiana se le acusa de delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica al frente de la Fvbch, «ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos», según la Fiscalía. El proceso contra la hija de Doña Violeta partió desde el Ministerio de Gobernación por supuestas «irregularidades» en el manejo de la Fvbch, que estaba dedicada desde su nacimiento a la defensa de la libertad de prensa en homenaje al periodista Pedro Joaquín Chamorro, padre de Cristiana quien fuera asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza. Durante años, la Fvbch ejerció una tutela modélica en su apoyo a medios independientes y periodistas, además de fortalecer el ejercicio periodístico. Entre la veintena de periodistas y dueños de medios citados a declarar también estuvo el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien confirmó que los convenios fueron reportados al Ministerio y se realizaron «bajo estricto apego a las leyes». El Departamento de Estado de EEUU, uno de los donantes de la fundación al igual que otros países europeos, desmintió cualquier tipo de irregularidad en su relación con la Fvbch. «Prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición Cristiana Chamorro refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real», respondió ayer Antony Blinken, secretario de Estado. La Fiscalía también ha tomado medidas cautelares contra María Lilly Delgado, corresponsal de Univisión, y dos periodistas que trabajaron en la fundación. ¿Por qué ahora? Chamorro se había inscrito horas antes en la coalición Alianza Ciudadanos por la Libertad para participar en el proceso interno en busca de un candidato unitario. Entre ellos su primo Juan Sebastián Chamorro, el historiador Arturo Cruz, el disidente Félix Maradiaga o el líder campesino Medardo Mairena. La inhabilitación de Chamorro culmina la cruzada iniciada por el sandinismo, pero no será el último golpe contra la oposición. Ortega ordenó copar el Consejo Nacional Electoral con siete de sus seguidores, eliminó la observación internacional, suprimió la segunda vuelta, prohibió el financiamiento externo de las campañas e impuso la cuota de género en el ticket presidencial. Una maniobra que no se debe a ninguna querencia igualitaria y sí al reparto de poder que ejerce junto a Murillo. Además, cuatro de los precandidatos también sufren asedio policial en sus viviendas. La revolución busca un candidato dispuesto a pactar para mantener el actual statu quo. El simple sonido del apellido Chamorro provoca temblores en el líder sandinista, que se quiere mantener al frente del país pese a contar con 75 años, una salud quebradiza y tras 25 años como su líder. Primero una década tras la revolución de 1979 y después una segunda fase con disfraz democrático desde 2006, 15 años durante los cuales no sólo ha copiado el manual chavista para ganar (como sea) unas elecciones, sino que incluso ha aportado iniciativas de su propia cosecha. Con esta decisión arbitraria e ilegal, el oficialismo pretende evitar un nuevo milagro político como el protagonizado por Doña Violeta, como la conocen en Nicaragua. Un hito histórico y contra todo pronóstico que en 1990 sacudió América Latina al imponerse en las urnas al líder revolucionario, que controlaba todos los hilos del poder en el país centroamericano desde que derrotaran por la vía de las armas al dictador Anastasio Somoza. Primero como hombre fuerte y después ya como presidente. Desde que hiciera pública su intención de liderar a la oposición, Cristiana se situó primera en todas las encuestas. De hecho, el último sondeo realizado por Gallup aparecía con el 21% de los apoyos al frente de un pelotón de casi una decena de candidatos opositores, que suman el 46% frente al 33% de la pareja presidencial. Tanto Cristiana como su hermano, el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro, son las dos personalidades del país con mayor índice de popularidad. Doña Violeta, la «Madre de la Democracia Nicaragüense», de 91 años, sufrió un accidente vascular en 2018 y se encuentra en un delicado estado de salud. «Éstas son las consecuencias del golpe de Estado que consumó Ortega desde el poder, primero al desmantelar el estado de Derecho y eliminar la separación de poderes y después tras la matanza de abril de 2018 y la Operación Limpieza, al conculcar por las vías de hecho todas las libertades constitucionales», denunció Carlos F. Chamorro, galardonado recientemente con el Premio Ortega y Gasset. Sus medios en Managua permanecen bajo el asedio gubernamental.

Fuente: El Mundo