Se puso fin a un culebrón judicial que comenzó el 2 de septiembre de 2015, cuando Pérez Molina dejó abruptamente su mandato iniciado en 2012 e ingresó en prisión preventiva donde ha permanecido desde entonces. Pérez Molina siempre se ha declarado inocente e incluso llegó a asegurar en una entrevista con El Mundo realizada en prisión en 2016 que «en mi gobierno hubo corrupción, pero yo no cometí ningún delito».
Sin embargo, las tres juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala le impusieron tanto a él como a Baldetti una pena de ocho años por cada uno de los dos delitos por los que ambos han sido condenados. Asimismo, el Tribunal les impuso una multa de más de 8,7 millones de quetzales (1,1 millones de euros) por haber liberado una estructura criminal dedicada a realizar cobros ilícitos a importadores a cambio de obtener una disminución de los impuestos.
De este modo, ha encontrado suficientes evidencias de que ambos estuvieron vinculados a una red que operaba en los puertos y con la que defraudaron millones de dólares al Estado. La presidenta del Tribunal, Jeannette Valdez, justificó la absolución del delito de enriquecimiento ilícito al considerar que la investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene «ciertas falencias y errores» que determinaron en absoluciones de algunas de las 29 personas que eran juzgadas en esta misma causa.
«Algunas de las acusaciones carecían de detalles y por eso no nos permiten dictar una condena», justificó. Concretamente, se absolvió a 11 de ellas de todos los delitos de los que se acusaba quedando libres de todo cargo, mientras que a otros acusados también se les absolvió de varios delitos, como a Pérez Molina y Baldetti. Así, la jueza explicó que no se han encontrado los medios probatorios para acusarlos de enriquecimiento ilícito, dado que, según criticó, «la acusación no describe el incremento» del patrimonio de los acusados.
Tras el fallo judicial, el ex mandatario de Guatemala reconoció sentirse «frustrado y decepcionado» al considerar que fue condenado sin pruebas, por lo que anunció que presentará una apelación para «limpiar» su nombre. Así, al igual que ha hecho durante todo el proceso judicial, insistió en que «no tienen pruebas», sino que, según criticó, únicamente se están basando en «llamadas de terceras personas», por lo que reiteró que es un fallo que «no tiene sustento».
Sin embargo, la presidenta del Tribunal recriminó a Pérez Molina y Baldetti que «teniendo la oportunidad de hacer un trabajo digno y respondiendo con fidelidad a la Constitución Política, se desviaron de su deber para recibir sobornos». Cabe recordar que miles de personas salieron a las calles en 2015 exigiendo la dimisión del entonces presidente de Guatemala a quien acusaban de corrupto. Durante los últimos años, el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, allanó el camino para que el ex mandatario, en prisión desde el 3 de septiembre de 2015, enfrentara un juicio por un fraude de 3,5 millones de dólares en las aduanas del país.
En un principio, la Fiscalía también acusaba a Pérez Molina del delito de cohecho pasivo, si bien el juez lo cambió por el de enriquecimiento ilícito del que finalmente ha sido absuelto. Durante la instrucción de la causa, el ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, detalló que tanto Pérez Molina como Baldetti lideraron un sistema de aduanas paralelo, mediante el cual se cobraba sobornos a los importadores, con tal de que estos no pagaran impuestos y se agilizara la entrada de sus mercancías al país centroamericano.
Se da la circunstancia que tanto Sandoval como el Juez Gálvez han salido de Guatemala rumbo a lo que ellos denominan el «exilio» ante investigaciones abiertas en su contra por la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, que ambos achacan a una persecución judicial por su trabajo contra la corrupción. En el caso de Sandoval, quien se encuentra en EEUU, tiene varias solicitudes de detención, hasta el punto de que un juzgado ha ordenado la presentación de la solicitud de extradición a EEUU contra el ex jefe de la FECI a petición del Ministerio Público por los delitos de negación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.
Mientras, el calvario judicial de Pérez Molina apenas ha comenzado, ya que está imputado en otros dos casos de corrupción. Así, en mayo de 2016 fue ligado a proceso en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) por el que ya que fue condenado el empresario español Juan José Suárez a ocho años de prisión por cohecho activo (cuatro años) y asociación ilícita (cuatro años), aunque no tendrá que entrar en la cárcel, dado que ambas penas son conmutables tras someterse a la Ley de Aceptación de Cargos.
Esta causa de corrupción investiga un soborno de 30 millones de dólares por parte de TCQ, que fue filial de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), con el fin de lograr un usufructo de 25 años de unas 34 hectáreas en el Puerto Quetzal. En concreto, Pérez Molina fue señalado en este caso de los delitos de cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero.
Asimismo, el ex presidente también fue ligado a proceso a un tercer caso de corrupción conocido como ‘Cooptación del Estado’. En esta causa, por la que está acusado de los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero, se investigan 450 contratos públicos que se efectuaron a cambio de cuantiosas comisiones que superaron los 500 millones de quetzales (66 millones de euros) a través de una «organización criminal» que tenía como fin saquear las arcas del Estado. Por su parte, Baldetti ya fue condenada en 2018 a 15 años y seis meses de prisión por un fraude de 22,8 millones de quetzales (3 millones de euros) en un proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán en Guatemala.
Fuente: El Mundo (España)
