El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó hoy la devolución de los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes del avión de Emtrasur que llegó a Argentina el 6 de junio pasado mientras que mantuvo la prohibición de salir del país para otros siete, entre los que se encuentra el piloto iraní sobre el cual planteó sospechas el FBI. La decisión de mantener las restricciones sobre algunos de los tripulantes del avión que llegó desde México, con escala en Venezuela, tiene que ver con que el juez aún “tiene dudas” respecto de si una parte de la tripulación pudo haber arribado a la Argentina con objetivos distintos al declarado traslado de autorpartes. La Justicia busca determinar si, “bajo la apariencia o ‘pantalla’ de una actividad lícita, parte de la tripulación estaría realizando maniobras ilícitas diversas e indeterminadas que afecten la seguridad nacional y regional”, según surge de la resolución de unas 260 páginas.
Los tripulantes sobre los que aún pesa la prohibición de salir del país son los ciudadanos iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh y Saeid Vali Zadeh, y los venezolanos Víctor Pérez Gómez, Mario Arraga Urdaneta y José Garcia Contreras. El juez destacó en su resolución que los 19 tripulantes del avión de Emtrasur revisten carácter de imputados aunque, de momento, no existe mérito suficientes para convocarlos a prestar declaración indagatoria. En esta causa se investiga “si ciudadanos de distintas nacionalidades bajo apariencia de realizar una actividad lícita, estén financiando operaciones de terrorismo (concretamente con Hezbollah) o bien sean parte de un plan vinculado a la organización terrorista mencionada”, surge del fallo. El magistrado resaltó en su resolución que el derecho internacional expresa “con determinación” la necesidad de que los Estados “adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de un acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación”.
Al sostener las medidas restrictivas sobre algunos de los tripulantes, el juez indicó también las posiciones de la querella de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la fiscal Cecilia Incardona que se habían opuesto a que se habilitara la salida del país de los imputados y habían remarcado que aún existen medidas de prueba en curso. Al promover esta investigación, la fiscal Incardona había puesto el foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto» y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas. Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre «exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».
En línea con eso, el juez Villena señaló que si bien coincide con lo argumentado por la fiscal federal «respecto del riesgo procesal que significa permitir la salida del país a ciudadanos de países que no extraditan nacionales como el caso de la República Bolivariana de Venezuela», advirtió que en el caso concreto de Victoria Valdiviezo Marval; Cornelio Trujillo Candor; Vicente Raga Tenias; José Ramírez Martínez; Zeus Rojas Velásquez; Jesús Landaeta Oraa; Armando Marcano Estreso; Ricardo Rendon Oropeza; Albert Gines Pérez; Ángel Marin Ovalles y Nelson Coello, «se encuentra fehacientemente acreditado en autos que todos aquellos tienen como profesión principal la aeronavegación civil, lo que conlleva el constante ingreso y egreso de distintos países en el mundo». En caso de ser necesario, «esta circunstancia facilitaría su extradición, en tanto, resulta altamente probable que fueran sorprendidos en otro país distinto al de su nacionalidad», añadió.
Fuente: La Prensa
