Los niños de 13 a 15 años utilizan cigarrillos electrónicos en mayor proporción que los adultos en muchos países, ha alertado la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, este jueves, ha lanzado un comunicado en el que pide con urgencia medidas para proteger a los niños, así como a los no fumadores, y minimizar sus daños en la salud de la población. Los cigarrillos electrónicos han sido permitidos en el mercado abierto y comercializados «agresivamente» entre los jóvenes, señala.

Concretamente, 34 países prohíben la venta de cigarrillos electrónicos, mientras que 88 países no tienen una edad mínima a partir de la cual se pueden comprar cigarrillos electrónicos y 74 países no cuentan con regulaciones para estos productos nocivos. «Los niños están siendo reclutados y atrapados a una edad temprana para usar cigarrillos electrónicos y pueden quedar adictos a la nicotina. Insto a los países a implementar medidas estrictas para evitar su consumo y proteger a sus ciudadanos, especialmente sus niños y jóvenes», afirma el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Lo cierto es que los cigarrillos electrónicos se dirigen a los niños a través de las redes sociales y personalidades influyentes, con al menos 16.000 sabores. Algunos de estos productos utilizan personajes de dibujos animados y tienen diseños elegantes que atraen a las generaciones más jóvenes. Los cigarrillos electrónicos con nicotina son altamente adictivos y perjudiciales para la salud. Si bien no se comprenden completamente los efectos a largo plazo sobre la salud, se ha establecido que generan sustancias tóxicas.

Algunas de ellas se sabe que causan cáncer y otras que aumentan el riesgo de trastornos cardíacos y pulmonares. El uso de cigarrillos electrónicos también puede afectar el desarrollo del cerebro y provocar trastornos del aprendizaje en los jóvenes. En contra de la idea que parece aumentar entre los agentes sociales, la OMS advierte que «no se ha demostrado que los cigarrillos electrónicos como productos de consumo sean eficaces para dejar el consumo de tabaco a nivel poblacional».

En cambio, añade, «han surgido pruebas alarmantes sobre los efectos adversos para la salud de la población». Y va más allá al afirmar que «la industria tabacalera financia y promueve pruebas falsas para argumentar que estos productos reducen el daño, mientras al mismo tiempo promociona fuertemente estos productos entre niños y no fumadores y continúa vendiendo miles de millones de cigarrillos». A su juicio, la industria tabacalera se «beneficia de la destrucción de la salud».

También está utilizando estos productos más nuevos para «conseguir un asiento en la mesa de formulación de políticas con los gobiernos para ejercer presión contra las políticas de salud». Y señala directamente a aquellos países que usan estos productos para dejar de fumar, como es el caso de Reino Unido. Así, recuerda que cualquier gobierno que aplique una estrategia para dejar de fumar utilizando cigarrillos electrónicos debe» controlar las condiciones» bajo las cuales se accede a los productos para garantizar condiciones clínicas apropiadas y regular los productos como medicamentos.

Se incluye el requisito de autorización de comercialización como medicamento. «La decisión de perseguir un objetivo para dejar de fumar, incluso de forma controlada, debe tomarse sólo después de considerar las circunstancias nacionales, junto con el riesgo de aceptación y después de agotar otras estrategias comprobadas para dejar de fumar», advierte. Pide medidas urgentes para prevenir el consumo de cigarrillos electrónicos y contrarrestar la adicción a la nicotina, junto con un enfoque integral para el control del tabaco.

Señala la necesidad de que los países que prohíban la venta de cigarrillos electrónicos fortalezcan la implementación de la prohibición y continúen el monitoreo y la vigilancia para apoyar las intervenciones de salud pública y garantizar una aplicación estricta. Mientras que a los países que permitan la comercialización de cigarrillos electrónicos como productos de consumo, les pide que garanticen regulaciones estrictas para reducir su atractivo y su daño para la población, y gravarlos.

Fuente: Noticias de Gipuzkoa (País Vasco)