La Oficina de Ética Pública de Mendoza indicó que dos ediles de la comuna de Tunuyán tenían incompatibilidades para ejercer sus cargos, ya que también trabajan como médicos para el Estado. Uno de ellos, el que milita en el Partido Justicialista, no se rebeló y renunció a la banca de inmediato. Pero el radical no: se resiste a dejar el puesto en el órgano deliberativo y cuestiona el dictamen que lo condena a dejar uno de sus trabajos actuales.
El concejal oficialista que no quiere acatar se llama Luis Manuel López. Dice que el dictamen de la Oficina de Ética en su contra tiene “errores técnicos” y que su trabajo como médico no entorpece los horarios de la labor política, porque es edil por la mañana y atiende pacientes por la tarde. Asegura además que hay una ley que le permite hacer las dos cosas y hasta resalta el rol que desarrolla en cuatro salas de zonas rurales: “Soy el único traumatólogo que tienen los centros de salud del departamento”, indicó.
La Oficina de Ética, que está a cargo del también radical Gabriel Balsells Miró, opina distinto al concejal. Tras una denuncia del Partido Verde contra los dos concejales de Tunuyán, Miró elaboró un dictamen que hace referencia al artículo 13 de la Constitución provincial. Allí se establecen las incompatibilidades para ejercer cargos públicos provinciales. El artículo sostiene que “nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentadas, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional. En cuanto a los gratuitos, profesionales o técnicos, los de profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles”.
El concejal se ampara, no obstante, en el artículo 17 de la ley de Carrera Médica, una antigua normativa (lleva el númer 4872 y data de 1983) en la que se manifiesta que un empleado “podrá desempeñar más de un cargo rentado en la administración pública provincial, municipal y OSEP, solo en zonas rurales cuando las necesidades de la salud pública o la falta de obstétricas lo justifiquen como medida excepcional, en cuyo caso las designaciones en más de un cargo deberán hacerse en forma interina y mientras subsistan los motivos que determinaron la excepción”.
López es de familia radical y actualmente no es el único integrante con cargo político. Su hermana, Ida López, fue elegida por el gobernador Rodolfo Suárez para ejercer como presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, el organismo estatal que controla y explota el juego legal en Mendoza. El traumatólogo sostiene que vive de sus dos sueldos y que no tiene casi ningún otro ingreso. Explica que gana unos 120 mil pesos por mes como médico rural y otros 170 mil pesos como edil. Dice que también mantiene “al mínimo” su consultorio particular, para no abandonar a algunos pacientes.
Se diferencia del concejal del Frente de Todos que ya dejó la banca en Tunuyán ante el dictamen de la Oficina de Ética por una cuestión horaria. “Los dos no estamos en la misma situación, yo hago trabajo rural, mientras que él (por Vidal) trabaja en el hospital y hace guardias de 24 horas”, señaló. López y Vidal no son los únicos ediles a quienes ha emplazado la Oficina de Ética Pública para dejar un cargo. También le pasó hace poco a José Pozzoli, un peronista de Guaymallén que también integra el Instituto Nacional del Agua (INA).
Fuente: Los Andes (Mendoza)
