Tango y Mica –una pareja de perros pitbull- convivían a cierta distancia de Jazz, el perrito yorkshire de los vecinos. Pero un día los pitbull se escaparon y mataron al pequeño faldero. Desde ese momento comenzó una puja judicial entre la dueña de los peligrosos canes, una mujer jubilada, y el consorcio que administra el Club de Campo, lugar de residencia -hasta ese momento- de los humanos y los seres “sintientes no humanos” implicados en el asunto.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que acaba de establecer que los animales no pueden vivir más en el exclusivo barrio privado de Guaymallén. En agosto de 2020 el intendente del Club de Campo recibió una llamada de un vecino informándole que los perros de G.B. se habían escapado y habían atacado al perrito de la familia M. hasta darle muerte. Entonces el encargado se presentó en la casa de la mujer y le pidió que retirara a los perros del barrio.

La mujer le hizo caso y se los llevó. Pero unos días más tarde presentó una nota en el consorcio de propietarios solicitando el reingreso de sus perros al barrio. Le dijeron que no. Dos semanas más tarde la dueña los ingresó a escondidas. El consorcio le dijo que no podía hacerlo y la emplazó a que se los llevara. Ella no les hizo caso y presentó una demanda civil en el Tribunal de Gestión Asociada Segundo. El tribunal falló a favor del barrio. La mujer se llevó a los canes y apeló. Luego, la Cámara de Apelaciones le volvió dar la razón al Club de Campo. Ahora, un fallo de la Corte –firmado por los supremos Julio Gómez, Pedro Llorente y Mario Adaro- volvió a fallar en contra de dueña de los bravíos canes.

Inicialmente la mujer afirmó que Tango y Mica no son peligrosos, que no hubo pruebas de que hayan matado a Jazz ya que no hubo testigos y que sus animales son un apoyo terapéutico y un recuerdo de su hijo fallecido. Además sostuvo que nunca salen a la calle y que nunca atacaron ni a perros ni a personas. También ofreció una reparación del daño y adoptar mayores medidas de seguridad. Para la dueña, las resoluciones judiciales que le impiden tener a sus perros son arbitrarias, injustas y contrarias a normas y garantías constitucionales, ya que violentan el derecho de salud, a la propiedad, a la libertad, al afecto, a la dignidad, a los derechos de las personas mayores, y además no tienen perspectiva de género.

Además sostuvo que el Reglamento Interno de Convivencia faculta la tenencia de dos animales no peligrosos y que los suyos, justamente, no son peligrosos. “Se ha lesionado su derecho a envejecer y vivir con quien desee y a formar la familia que desee. Ella ha decidido formar una familia multiespecie, tratando, sintiendo y percibiendo a Tango y Mica como sus hijos no humanos, por lo que resulta irrazonable y arbitrario sacar a los animales u obligar a la persona a deshacerse de los mismos”, indicó en su defensa, sosteniendo que “tampoco ha sido valorado que los animales son seres sintientes, con autoconciencia y declarados sujetos de derechos en numerosos fallos”.

Fuente: Los Andes (Mendoza)