El Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad en la falta de esclarecimiento y la corrupción que rodeó la investigación del atentado contra la AMIA. Atentado que el 18 de julio de 1994 mató a 85 personas. Fue en el marco de la audiencia que se llevó adelante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del reclamo que llevaron ante esa instancia los familiares de las víctimas que integran Memoria Activa, acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En ese contexto, el tribunal internacional quedó ahora en condiciones de dictar un condena que incluya reparaciones económica y las directivas de reencausar la investigación para el esclarecimiento del ataque terrorista, detalla Infobae.

Natalia D’Alessandro, titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, dijo que “el Estado es responsable por no haber prevenido el atentado”. Al mismo tiempo, agregó: “Es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso, por el armado de una acusación falsa, por la corrupción, por la falta de seguimiento de líneas de investigación, por los plazos irrazonables, por el secreto, por el encubrimiento de la verdad y por la manipulación política de la causa. Venimos a esta audiencia para manifestar un sincero reconocimiento: se extiende a todas las violaciones de derechos humanos”.

La funcionaria del Ministerio de Justicia reconoció que el Estado es responsable de lo que ocurrió desde la explosión hasta el decreto del 2005 pero también de lo que sucedió hasta ahora. ¿Por qué? “El Estado no atendió sus obligaciones internacionales. Fueron deliberadamente incumplidas, o parcialmente o injustificado retraso”, dijo. Y planteó sugerencias a la espera de una sentencia de la Corte “para superar todos los obstáculos y avanzar en los lineamientos pendientes”.

Fue entonces que, antes de terminar la audiencia, el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, recogió el guante y afirmó: “acá tenemos el antecedente del decreto de 2005 que no fue cumplido. Todos sabemos que una sentencia de la Corte va a demorar un tiempo, que trataremos que sea el más breve posible. Pero hay una cantidad de líneas de acción que no tienen que esperar una sentencia de esta Corte para ser implementados”, como la centralización de la información clasificada y su acceso a las partes. “Culmino estas consideraciones, instando al Estado a que no espere la sentencia de la Corte para empezar a dar hechos concretos. Esto sería el mejor resultado de esta audiencia”.

Un minuto antes le habían vuelto a dar la palabra a Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado a la mutual judía, para que hablara luego de oír la posición del Estado. “Nos parece importante este reconocimiento, así como festejamos el reconocimiento en el 2005 que nos había llenado de esperanza en ese momento. El decreto del 2005 tenía un anexo que el Estado debía cumplir. Hoy estamos en el 2022. Es para nosotros alentador el reconocimiento pero nos parecerá bien cuando se traduzca en acciones concretas que sirvan para todos. Para eso va a tener que haber cambios. Me sorprende esperar que la Corte castigue al Estado para ver si el Estado se dispone a cumplir”, dijo Diana Wassner. Memoria Activa había denunciado en 1999 junto al CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.

Fuente: Los Andes (Mendoza)