La fiscal de instrucción de Distrito 2 Turno 1 Ileana Quagliatti giró la denuncia por la presunta destrucción de insumos y medicamentos en el Departamento de Sangre del Ministerio de Salud provincial al fuero Penal Económico y Anticorrupción. Este viernes, el nuevo fiscal de la causa, Franco Mondino, recibió al abogado que representa al denunciante, Carlos Nayi y ordenó algunas medidas adicionales para proteger las evidencias de los dichos de Juan Alberto Emmanuel Nardi Huenz, el excontratado que fue a la Justicia para denunciar las presuntas irregularidades en el área que manejaba las compras de insumos para los laboratorios de hemoterapia de toda la provincia y, en pandemia, el Centro de Plasmaféresis, creado para aportar plasma de recuperados Covid al tratamiento de pacientes críticos.

Nardi Huenz hizo una variada cantidad de denuncias. Una de las más relevantes es la presunta destrucción de insumos y fármacos no vencidos con el propósito de “inflar compras” y digitar las licitaciones siempre a los mismos proveedores. Según dijo el exempleado de la Provincia, se destruían para vaciar las estanterías y se sacaban en bolsas de residuos patógenos, sin dejar ningún registro. La evidencia más importante que presentó para sostener esta acusación –en la que involucra a sus antiguos jefes directos y a algunos otros por conocer la situación y no intervenir– es un correo electrónico que envió a una funcionaria en la que detalla el stock que existía en el momento en que su jefa directa pedía nuevas compras.

Eso, según relató Nardi Huenz, le costó que dieran de baja su contrato. No es la única comunicación que hizo de advertencia, pero sí es la única que conservó en copia en su teléfono celular, que aportó a la investigación. Además, Nardi Huenz denunció que se entregaban insumos vencidos a hospitales y centros de salud públicos. Y que se conservaban materiales en depósitos donde había ratas y humedad. El denunciante es un excontratado en abril de 2020, como personal de refuerzo por la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia. Con técnico en hemoterapia, fue destinado al Departamento de Sangre y en los primeros meses de su contrato fue enviado al Centro de Plasmaféresis, que se inauguró en el Hospital San Roque para extraer plasma de recuperados Covid para usar como tratamiento para pacientes críticos.

Nardi Huenz denunció, también, que “se estiraba el plasma”, por orden de sus jefes directos. Se hacía de dos maneras: extrayendo a pacientes sin el número suficiente de anticuerpos y agregando solución fisiológica a las extracciones con buena calidad de anticuerpos, según su relato. Esta parte de su denuncia se emparenta con una causa aún abierta y con poco avance que tiene el fiscal Guillermo González iniciada por una presentación del Consejo de Médicos de Córdoba por la baja titulación de anticuerpos que tenían los sachés enviados a los centros de salud por el Centro de Plasmaféresis.

Quien era presidente del Consejo de Médicos, Andrés de León, recordó que la presentación se hizo a partir de informes de especialistas de la Asociación de Medicina Transfusional y el Instituto de Virología de la UNC Juan Vanella que daban cuenta de que existían rotulaciones inexactas en los envases del plasma, con datos sobre la cantidad de anticuerpos por encima de lo que en realidad tenía la solución. De León explicó que no se sospechaba que se haya rebajado el plasma con solución fisiológica –como señaló en una parte de su denuncia Nardi Huenz– sino que se entregaba plasma con una cantidad baja de anticuerpos. Esto habría sido producto de hacer extracciones a pacientes con bajo título de anticuerpos, para tener más plasma para ofrecer a los centros de salud, aunque de menor calidad. De León aclaró que esto “no ponía en riesgo ninguna vida”. Pero tampoco cumplía con la promesa del tratamiento.

Fuente: La Voz del Interior