Los dos anteriores «impeachment» criollos no sólo fracasaron, también sirvieron para dar aliento a un mandatario acosado por seis investigaciones de la Fiscalía y por las gravísimas acusaciones de corrupción contra él y contra varios miembros de su familia.
En esta ocasión, 67 diputados suscribieron la moción por incapacidad moral permanente. Al frente, el diputado Edward Málaga, del centrista Partido Morado, que cuenta con el apoyo de la fujimorista Fuerza Popular (FP), las derechistas Avanza País y Renovación Popular (su líder es el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga) y los moderados Alianza para el Progreso y Somos Perú. «Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos (necesarios) para la vacancia.
Pero eso es al día de hoy, puede ser que en tres o cuatro días alguien les compre, les ofrezca un ministerio. Va a depender de la integridad de mis colegas y, sobre todo, del amor a su país», subrayó Málaga tras presentar la moción. Frente a los dos fracasos anteriores, la actual coyuntura favorece a quienes quieren destituir al abanderado del marxista Perú Libre (PL), ya que la moción de vacancia coincide con el intento del primer mandatario de disolver el Parlamento. Se trata de una operación política que comenzó con la presentación de una moción de confianza en favor del entonces primer ministro, Aníbal Torres, que no fue aceptada por el Congreso.
Según el criterio de la Presidencia, si tampoco fuera aceptada la nueva primera ministra, Betsy Chávez, Castillo tendría la facultad de disolver el Congreso, pese a que la mayoría de expertos y constitucionalistas coinciden en señalar que no se cumplen las condiciones para ello. «El momento ha llegado, no se trata del presidente o del Congreso. Se trata del futuro del país, de la democracia, de no entregarle el país a un gobierno corrupto con ambiciones totalitarias», sentenció Málaga, convencido de que el clima político ha cambiado, incluso dentro del oficialismo, para conseguir los votos necesarios.
Ya la semana pasada 98 parlamentarios se unieron para votar en contra de la postura del Ejecutivo. En las últimas horas, José Williams, presidente del Congreso, ha presentado ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar contra el gobierno para bloquear un posible cierre del Parlamento. Mientras tanto, el presidente Castillo viajó a Chile para participar en un gabinete binacional encabezado por su par, Gabriel Boric. Para este encuentro sí contó con el permiso del Parlamento, algo que no consiguió para asistir en México a la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
En un acto de desagravio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, suspendió el cónclave y propuso su traslado a Lima, capital en la que se reprogramará el evento. El mandatario norteamericano aseguró que la persecución contra Castillo se debe a motivos racistas. Todo ello sucede cuando la mayoría del país apuesta por unas elecciones generales que cambien tanto al presidente como a los diputados. Pero ni uno ni otros quieren abandonar sus cargos, pese al repudio general. Así lo confirman las encuestas: el 81% de los ciudadanos desean que todos se vayan. Eso sí, el Congreso tiene menos apoyos (el 86% lo reprueba) frente al presidente (61%).
Fuente: El Mundo (España)
