El fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real.
En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento.
Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal. Se tratan de unos 1.000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización.
“Este es el monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsables de aportarlo con su patrimonio.
“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani y por eso dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años” y que la corrupción no tiene fronteras ideológicas.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años. Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.
Y enfatizó: “La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de derecho y el respecto a la Constitución la regla, no al corrupción”. “Los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones.
Determinar qué hay detrás de la obra pública es función del Poder Judicial”, dijo Luciani, para rechazar la idea de que estas decisiones no eran revisables judicialmente.
Fuente: El País (Montevideo)
