La Sala VII de la Cámara de Crimen confirmó hoy el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual a su ex secretaria privada Melody Raskaukas, por lo que la causa quedó a un paso del juicio oral y público. Además, le dictó un embargo de 1.500.000 de pesos sobre los bienes del jefe comunal matancero. Se ratificó así la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial.
Este último cargo se debe al hecho de que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y sin embargo la abordó por teléfono para persuadirla de que retirara la denuncia en su contra. Los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich marcaron una postura en línea con la del fiscal Mauricio Viera, quien había dictaminado para que se ratificara el procesamiento. De esta manera, el expediente retornará al juzgado de Galleti, quien deberá resolver si da por finalizada la instrucción en caso de que considere que ya está agotada la instancia de investigación.
Si así lo fuera, la jueza le requerirá a las partes que se expidan sobre si el expediente debe ser enviado a juicio oral, en cuyo caso la causa se sorteará entre los tribunales orales para darle continuidad al proceso judicial. Los hechos por los que Espinoza quedó procesado datan de 2021, poco después de que Melody Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada del intendente matancero, por una recomendación del ex novio de ella. La mujer relató que el jefe comunal se apersonó en el domicilio privado de ella y allí se habría producido los «tocamientos impúdicos» sobre el cuerpo de la mujer.
Luego de que Rakauskas estableciera la denuncia, la mujer habría sido presionada personalmente por Espinoza para que la retirase, a cambio de un emprendimiento inmobiliario y otras cuestiones materiales a modo de soborno, en conversaciones que quedaron grabadas. A raíz de los hechos, el juzgado 31 dictó el procesamiento de Espinoza y le impuso un embargo por 1.500.000 pesos, sumado a la prohibición de acercamiento y cualquier contacto con la víctima.
Fuente: Diario La Prensa
