La Justicia Electoral bonaerense, a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, procesó este lunes a cuatro apoderados de listas políticas que en las elecciones 2023 habrían presentado como candidatos a personas ya fallecidas o que no habían prestado su consentimiento. En rigor, Padilla procesó a los apoderados de los partidos de Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, quienes habrían realizado esta maniobra en su selección de candidatos para financiarse con fondos públicos debido a la Ley Electoral.
Justamente, semanas antes de que se celebraran las elecciones primarias en agosto del año pasado, todos estos partidos habían bajado 124 listas en municipios bonaerenses tras el anuncio de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iba a controlar las impresiones de boletas. E incluso, solo algunos días atrás estos espacios habían quedado en la mira de Padilla luego de que el juez haya descubierto serias irregularidades.
En ese sentido, más de un año después de comenzada la investigación, Padilla procesó a Ernesto Raúl Habra (Encuentro Republicano Federal) , Sergio Jesús Medrano (Justicia y Dignidad Patriótica), Yamil Eloy Salerno (Proyecto Joven) y Matías Mauricio Burgos (Esperanza del Pueblo) por “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”.
Según expone la Justicia Electoral bonaerense, estos apoderados llevaron a cabo esta estrategia durante las elecciones 2023 para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”. Lo más insólito de todos los datos que brinda el fallo de la Justicia Electoral bonaerense, es que los partidos apuntados habrían llevado como precandidatos a personas que estaban fallecidas desde hacía ya más de diez años, sumado a gente que no tenía idea de que su nombre estaba en la boleta.
Asimismo, en coincidencia con la decisión de estas listas de haber bajado a sus candidatos tras conocer la revisión estatal en la impresión de boletas, en el fallo Padilla resalta que, con el dinero obtenido por el financiamiento gubernamental, estos espacios políticos mandaron a fotocopiar sus papeletas en una imprenta santafesina de la que es socio el propio Habra. “Se lograron determinar vínculos entre dichos apoderados y autoridades partidarias con la imprenta que era seleccionada para la impresión de boletas por los partidos involucrados en esta investigación”, remarca el juez Padilla.
Fuente: Sitio Diputados Bonaerenses Online
