Cristian Soria, de la Red de Comerciantes Unidos, denunció que policías fueron a su vivienda particular para notificarlo sobre el alcance del DNU nacional que limita las actividades no esenciales, en lo que entiende como un hecho intimidatorio antes de la marcha que se concretó por calles de la ciudad contra las restricciones. “Sí, 3 policías, me leyeron el DNU y me iban a notificar ¿con qué motivo? Me leyeron el DNU completo como si no supiéramos, somos comerciantes y lo sabemos para saber si podemos circular. Es un atropello”, se quejó, en declaraciones a medios radiales. “Me llamó la atención que sepan nombre y apellido mío, si yo soy un comerciante. La titular del local era mi esposa, ¿cómo sabían mi nombre y apellido? Es muy preocupante esto”, sostuvo. Ayer trascendió que la Policía iba a “identificar” a quienes asistan a la marcha, por pedido de la Justicia provincial, bajo orden de la fiscalía de Andrés Godoy. Se estiman que al menos 5 notificaciones se realizaron. Fuentes judiciales señalaron que las “notificaciones” fueron similares a otras que se realizaron con marchas como las de la UTA o Suoem en 2020. También se indicó que desde la Fiscalía se habrían solicitado grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a quienes marcharon el martes hasta el Patio Olmos. Los comerciantes “no esenciales” tienen previsto abrir con la modalidad take away como lo establece el protocolo hasta las 18. En otros casos, tanto en la provincia como en barrios capitalinos, dijeron que abrirían sus puertas pese a las notificaciones y el alcance del DNU. En medio de las nuevas restricciones, decretadas por el Gobierno nacional, desde el Ministerio Público anunciaron que la Justicia actuará de oficio en el caso de que los comercios no acaten las medidas de cierre. Según recordó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, desde el inicio de la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a principios del 2020, los fiscales de instrucción están iniciando actuaciones contra aquellas que no respeten las medidas. Además, se informó que, ante esos hechos, se realiza una “previa identificación” de los “presuntos infractores”, lo que lleva adelante la Policía Administrativa. El comunicado viene a cuenta del accionar de efectivos policiales el pasado martes, quienes se llegaron a domicilios particulares de comerciantes para recordarles – personalmente- que podrían ser sancionados por la Justicia. Desde la Provincia, remarcaron que las acciones no son nuevas. Por ejemplo, recordaron que el 15 de mayo del año pasado, la Unidad Fiscal de Emergencia sanitaria imputó a 13 directivos del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) de la ciudad de Córdoba por “el delito de violación de las medidas sanitarias dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional en prevención por la pandemia de Covid 19″. También, que se llevó adelante una acción similar el 21 de mayo de 2021, cuando imputó “a 21 activistas de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba (UTA) por violación del decreto presidencial de aislamiento social y obligatorio en prevención a la pandemia de coronavirus durante la protesta” realizada un día antes.

Fuente: La Voz del Interior