*Imágenes cortesía de Luis Bedoya (Turismo 3.0)







Enfrentamientos entre la policía y manifestantes sacudieron ayer viernes la ciudad argentina de Formosa, en el norte del país, en una protesta provocada por la decisión de las autoridades provinciales de regresar a la fase más estricta de la cuarentena por el COVID-19. Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases y balas de goma a cientos de manifestantes que se dirigían hacia la casa del gobierno de la provincia de Formosa, donde derribaron vallas de seguridad. Los manifestantes, muchos de ellos del sector informal de la economía, avanzaron al grito de “queremos trabajar”. Cerca de 60 personas fueron detenidas, denunció la concejal Gabriela Neme, quien sufrió una fractura de brazo durante la protesta. Según la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, un periodista fue herido con balas de goma y otra quedó detenida durante su cobertura de la protesta. Los manifestantes rechazaron el anuncio de que durante las próximas dos semanas Formosa pasará a la fase 1 de la cuarentena, la de mayor restricción en las actividades, debido a que en la ciudad de unos 250.000 habitantes se confirmaron ayer viernes 17 nuevos casos de COVID-19. La provincia de Formosa, fronteriza con Paraguay, es una de las que ha adoptado medidas más duras en el contexto de la pandemia. En el último año acumula más de 1.300 casos. Argentina, con 44 millones de habitantes, supera los 1,2 millones de contagios y las 52.000 muertes por coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno argentino ha impuesto restricciones y prohibiciones a la circulación. Pero en la provincia de Formosa se denunció “la situación de los varados”, personas que la provincia impidió ingresar a su territorio hasta que la Corte Suprema de Justicia ordenó el ingreso en noviembre pasado. A fines de febrero la Corte Suprema requirió a la provincia de Formosa que le brinde un informe sobre la situación y el funcionamiento de los centros de aislamiento que estableció en su territorio durante la pandemia y los protocolos para la protección de los derechos humanos que deben respetar las autoridades provinciales.

Fuente: El País (Montevideo)