El capellán Barry Black planteó ayer en términos trascendentales los dilemas a los que se enfrenta el Senado de Estados Unidos, reunido de forma extraordinaria como tribunal para juzgar el impeachment de Donald Trump, reprobado por incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio.
“A toda persona y toda nación les llega el momento de decidir en la lucha entre la verdad y la falsedad, decidir si se pone del lado del bien o del mal”, planteó en su bendición de la primera jornada del juicio político a su 45.º presidente. “¿Es realmente así de simple, la verdad contra la falsedad, el bien contra el mal?”, planteó. Tras cuatro horas de debate, los senadores se pronunciaron sobre la constitucionalidad del proceso: 56 senadores votaron a favor y 44, en contra. Seis legisladores republicanos, uno más de lo que se calculaba, consideraron conforme a la Constitución pedir cuentas al expresidente, cuyos abogados sudaron tinta para defender que no cabía enjuiciarle ya que ya no ocupa ningún cargo del que se le puede destituir. Tan deficiente fue su presentación del equipo legal de Trump que el senador Bill Cassidy cambió de opinión sobre la jurisdicción del Senado en el caso. 

En su papel de fiscal, el congresista demócrata Jamie Raskin alertó a los senadores del riesgo de aceptar que no pueden juzgar lo que un presidente –o cualquier alto cargo– hace al final de su mandato. Aceptar esa “excepción de enero” sería “una invitación al presidente de EE.UU. a hacer lo que quiera antes de dejar su cargo, incluso usar medios violentos para bloquear la puerta, aferrarse a la Casa Blanca con todas sus fuerzas para impedir su relevo”, argumentó. “No es eso lo que querían los padres fundadores”, de ahí que la Constitución prevea un juicio por impeachment y un voto de descalificación, argumentó Raskin recordando que esta es la interpretación mayoritaria de los académicos, incluidos destacados conservadores. En el siglo XIX, el senador William Blount, cazado in fraganti tratando de vender Florida y Luisiana a Londres, y el secretario de Estado William Belknap, implicado en un escándalo de cobro de comisiones, dimitieron de sus cargos para evitar el castigo del Congreso, que igualmente los reprobó y los juzgó para evitar que sus actos quedaran impunes, recordó otro de los congresistas designados para el papel de fiscal, Joe Neguse. “Lo ocurrido es la pesadilla de los padres fundadores hecha realidad”, dijo.

La acusación proyectó un gráfico vídeo del asalto, del que todos los senadores fueron testigos, trufado con los mensajes lanzados en cada momento por el presidente bien en persona, vía Twitter o finalmente, en un vídeo mensaje en el que simpatizó con los asaltantes aunque les dijo que se fueran a casa. “Nos podrían haber matado a todos”, recalcó el congresista David Ciciline, otro de los fiscales designados por la Cámara de Representantes, que el 13 de enero reprobó a Trump. Una vez zanjada la cuestión de la constitucionalidad, las partes pasarán hoy a presentar sus argumentos. El juicio se prolongará hasta el lunes. Todas las miradas están puestas en unos pocos senadores. El primero, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en esta Cámara. Aunque acusó a Trump de “provocar” y “alimentar con mentiras” a sus seguidores, ve inconstitucional el juicio. El senador Mitt Romney, por su parte, se distinguió en el anterior impeachment como el único republicano que votó a favor y ayer votó a favor de la constitucionalidad del proceso, al igual que las senadoras Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), que también han responsabilizado a Trump de lo ocurrido, y sus colegas de Braska y Pensilvania, Ben Sasse y Pat Toomey. “Si esta no es una ofensa digna de un impeachment ¿qué lo es?”, plantea Romney, representante de Utah. A este grupo de cinco, que hace unos días rechazaron una moción de uno de sus colegas para frenar el juicio, se sumó en el último momento Cassidy. 

«Los fiscales de la Cámara de Representantes han presentado argumentos muy persuasivos y el equipo del presidente, no», estaba «muy mal organizado», ha dicho el senador, representante de Luisiana. «Como jurado imparcial que soy, si una de las partes hace un gran trabajo y la otra lo hace terriblemente mal (…) voy a apoyar a la parte que hizo un buen trabajo», afirma Cassidy, que asegura ir al juicio sin posiciones predeterminadas.  Con los 100 escaños del Senado divididos a partes iguales entre los dos partidos, la cifra de 17 senadores republicanos que los demócratas precisan, como mínimo, para condenar a Trump se antoja inalcanzable. Pero la posición de estos senadores será determinante para la votación que después se convocará para decidir sobre la inhabilitación del expresidente, que solo requiere una minoría simple de votos.

Fuente: La Vanguardia