La justicia confirmó este jueves el procesamiento de un hombre acusado de vender por internet durante casi una década títulos y certificados de educación secundaria, terciaria y universitaria, entre otros documentos públicos, en sitios de compraventa y en redes sociales. La decisión fue de la Cámara Federal porteña que consideró válida la tarea de «ciber patrullaje» de la policía en redes sociales y sitios de venta online abiertos, en busca de este tipo de delitos, al rechazar un planteo de nulidad de la defensa del acusado, según la resolución. El procesamiento había sido dictado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y ahora quedó confirmado por la sala I del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002. Según la investigación, el acusado se dedicaba a «falsificar y comercializar títulos y certificados de educación secundaria, terciaria y universitaria, entre otros documentos públicos» «Dicha conducta tuvo lugar al menos desde el 12/09/2012 hasta el día 30/06/2021», cuando se detectó la oferta en el sitio de compraventa Mercado Libre, en una publicación que decía «terminá tus estudios secundarios, terciarios, universitarios. Ya info». La oferta también se hacía en un perfil de la red social Facebook bajo el título de publicación ‘Gestión de analíticos secundarios, universitarios legalizados’ y en una página web. En un allanamiento ordenado en junio del año pasado se secuestraron «elementos destinados a la confección de los documentos que eran falsificados», entre los cuales 185 sellos (entre ellos 141 eran genéricos y de instituciones públicas y privadas). La defensa del acusado pidió la nulidad del procedimiento que dio inicio a la investigación porque consideró que «el ciber patrullaje» a través del cual el personal de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad advirtió la conducta delictiva investigada se realizó «en flagrante violación al Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con uso de Fuentes Digitales Abiertas”. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron el planteo y confirmaron el procesamiento por presunta «falsificación de documentos públicos» y «conservación de materias destinadas a la falsificación». El delito investigado «forma parte del universo de casos abarcados» por la norma porque «se trata de una conducta ilícita que se perpetró a través de las vías allí puntualmente contempladas». «Es preciso destacar que el recurrente no ha logrado demostrar vulneración a norma constitucional alguna que habilite a dejar sin efecto el procedimiento a través del cual se dio inicio a la causa», concluyeron los jueces.

Fuente: Télam