Seguinos en

Actualidad

Funcionaria mendocina del PAMI procesada por el deceso de una paciente aún sigue en su puesto

Esta semana la justicia federal procesó al extitular del Pami Mendoza, Carlos Valcarcel, y a Laura Domínguez, actual coordinadora médica de la obra social, por el fallecimiento de María del Carmen Basaill, una paciente que padecía un tumor de mandíbula y no fue atendida como lo requería la gravedad de la situación. El hecho ocurrió en noviembre de 2019. Ese mismo año, un mes después, Valcarcel dejó su cargo en el Pami en conjunto con la salida del gobierno de Alfredo Cornejo. Luego asumió como gerente de Osep en la delegación de Luján, puesto que ocupó hasta julio del año pasado, cuando finalmente se jubiló.

Tanto el médico cardiólogo como la coordinadora fueron imputados por el juez federal Walter Bento por los delitos de homicidio culposo y violación de los deberes de funcionario público. A pesar de la grave acusación, desde el Pami confirmaron que Domínguez no será removida de su función hasta que no haya una condena judicial. Sostienen que es un “hecho puntual” que sucedió “en la anterior gestión y en la nuestra no ha habido irregularidades”.

Por lo que afirmaron que “hasta que un juez no defina el trasfondo del asunto, prima el principio de inocencia”. Para la Justicia, Valcarcel y Domínguez habrían sido responsables del fatal desenlace ya que “no ejecutaron las normas cuyo cumplimiento les correspondía, retrasando el diagnóstico, tratamiento médico e intervención quirúrgica que debía recibir la afiliada (Bassaill), quien padeció un tumor- precisamente osteosarcoma de mandíbula- y falleció en el hospital Central el 28 de noviembre de 2019, sin intervención alguna de personal médico de ese Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados”.

Según un profesional que la atendió, la paciente tenía “un tumor gigante de más de 10 centímetros en la rama horizontal de la mandíbula, con invasión al piso de la boca”. Y la Justicia cree que los 10 meses que se habría demorado PAMI en diagnosticarla y tratarla, habrían sido la causa de la muerte. “Volví a atender a la paciente el lunes pasado con aumento del tamaño tumoral, nuevos estudios de extensión y me comuniqué personalmente con administrativos de PAMI, quienes no habían resuelto nada sobre el tratamiento de la paciente».

«La cirugía no se realizó por cuestiones administrativas del PAMI, nunca autorizaron la cirugía en tiempo y forma como se solicitó”, declaró un médico que la trató en el hospital Central. Siempre según el expediente, en enero de 2019 la paciente realizó una interconsulta con un neurólogo porque sentía un adormecimiento de su rostro en el lado derecho y el médico la derivó a un dentista, quien le recomendó que fuera a ver a un especialista ya que podía enfrentar una cirugía ambulatoria.

La paciente entonces fue derivada al doctor Julio Arias, prestador del PAMI y especialista en cirugía maxilofacial, que le dio un turno para fines de abril, es decir, casi tres meses después. Frente a la demora, María del Carmen pidió que la derivaran a otro profesional. La respuesta fue que no se podía ya que Arias era el único prestador de esa especialidad con que contaba PAMI. Como el cuadro se agravaba fue al hospital Central, donde le dijeron que debía someterse urgentemente a una operación porque tenía un tumor maxilar.

Con ese diagnóstico tuvo que esperar a ser atendida por Arias al regreso de su licencia, quien le solicitó una biopsia y el 21 de mayo la derivó a un especialista de cuello y cabeza de apellido Ayala. Este, a su vez, le solicitó una nueva biopsia y la derivó a otro especialista, el doctor Valerio. Este médico le dijo, coincidiendo con doctores del hospital Central, que debía operarse de urgencia y le dio un presupuesto para que se lo autorizara PAMI, pero la orden no fue autorizada.

La mujer entonces se presentó en la Justicia y denunció a las autoridades de PAMI presentando testigos y otras pruebas, por lo que se inició una causa por abandono de persona. Luego de que el abogado Raúl López se constituyera en representante legal de la mujer, la causa cambió de carátula ya que el 28 de noviembre María del Carmen falleció en el Central.

Fuente: Los Andes (Mendoza)

Actualidad

Rosario: desbarataron centro clandestino de agroquímicos

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la colaboración de la Municipalidad de Rosario, desbarató un centro clandestino de tratamiento de envases vacíos de agroquímicos de Pérez. Hay un imputado, a quien se le aplicaron sanciones.

La intervención en la planta ubicada en el Camino de los Indios al 2400 se enmarcó en una investigación del MPA por contaminación dolosa, a partir de la utilización de residuos peligrosos de un modo perjudicial para la salud del ambiente, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Todo comenzó a partir de denuncias anónimas por el sospechoso vertido de sustancias y acopio de bidones plásticos en cantidad. Con esta intervención, la provincia y el MPA buscan garantizar la protección del ambiente y la seguridad de las comunidades, al tiempo que tiene a otros sospechosos bajo la lupa.

Este operativo formó parte de investigaciones del Ministerio de Ambiente y el MPA, a cargo del fiscal Pablo Lanza, en las cuales se detectaron predios en Rosario y Pérez, donde funcionaban centros de acopio y procesamiento de envases de fitosanitarios que ocasionaban perjuicios al ambiente.

Si bien no trascendió la identidad de la persona imputada, se confirmó que se le aplicaron múltiples reglas de conducta. La Asociación Civil “Campo Limpio”, creada por empresas abarcadas por la ley de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, estuvo a cargo del retiro y la disposición final de estos envases.

Durante el procedimiento se constataron infracciones a las leyes de medio ambiente (11.717) y de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios (27.279 y 13.842) debido a que en el lugar se verificó la existencia de dos galpones operativos con maquinaria destinada al procesamiento de bidones.

Se comprobó que en ese centro de acopio se vertían efluentes líquidos a campo abierto y un sector de almacenamiento con una superficie aproximada de 363 m² y un volumen de 450 m³ de envases vacíos de fitosanitarios. Además, detectaron la acumulación de 24 toneladas de material plástico procesado, cuya logística requirió la utilización de 20 camiones para retirar esa cantidad de desechos contaminantes.

También observaron la presencia de una laguna sin impermeabilizar que recibía líquidos provenientes del lavado de los bidones y una zona donde se realizan prácticas de quema de residuos plásticos, en clara contravención a la normativa ambiental vigente.

Durante la inspección se tomaron muestras sólidas y líquidas en diferentes puntos del predio para su análisis: suelo impactado en la zona de la laguna y el desagüe del galpón, así como líquidos en el interior del área de procesamiento. Se tomaron registros fotográficos del estado de las instalaciones y de etiquetas identificatorias que constataron la presencia de compuestos como glifosato, atrazina y metolaclor.

Fuente: Diario La Capital (Rosario)

Continuar Leyendo

Radio en Vivo

Facebook

Nos Auspician