A dos años del crimen, la Justicia Federal fijó la fecha para que comience el juicio por el homicidio de Diego Aliaga (51), el despachante de Aduana, informante policial y presunto “mano derecha” del juez federal Walter Bento, según consta en la megacausa que se sigue al magistrado por coimas a cambio de beneficios procesales. El juicio comenzará el 22 de noviembre en la sala de debates de los Tribunales federales. La fiscal de cámara María Gloria André será la acusadora del caso y el tribunal Tribunal Oral Federal N°1 estará conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli. La causa, considerada secuestro seguido asesinato, tiene cinco acusados: el socio de Aliaga, Diego Barrera (52), su esposa Bibiana Sacolle (48) y los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28). También estará en el banquillo de los acusados Yamil Rosales (34), chofer de la empresa de transporte de los Barrera, que fue quien confesó el hecho y ayudó a encontrar el cuerpo y quedó como “imputado arrepentido”. Según la investigación que llevan adelante el fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas por presuntas coimas, el vínculo entre Bento y Aliaga se descubrió en marzo de 2020, cuando se detuvo al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (42), un hombre que estaba prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana.

Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el Diego Aliaga, quien a su vez le decía que tenía contactos en la Justicia Federal que le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero. A partir de ese dato se comienza a investigar a esos contactos “facilitadores” y se termina vinculando a Walter Bento y a algunos abogados que luego fueron detenidos y procesados. Pero algunos meses después, exactamente el 28 julio de 2020 Aliaga desapareció y dio comienzo a una investigación que logró encontrar su cuerpo enterrado en un campo inculto Lavalle, semanas más tarde. Según consta en la investigación que realizó el fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica se le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que otorgase documentación de dos propiedades sin pagarlas. Concretamente se refiere a un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, para evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.

Fuente: Los Andes (Mendoza)