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La Justicia anuló DNU que consideraba a las telecomunicaciones como «servicio público esencial»

La justicia Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que había considerado a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La medida fue tomada en respuesta a un reclamo presentado por la empresa Telecom Argentina, quien argumentó que la norma era inconstitucional ya que limitaba su capacidad para establecer libremente los precios y le imponía restricciones derivadas del control estatal.

El DNU 690/2020, publicado en agosto de 2020, había declarado a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como servicios públicos esenciales. Sin embargo, la jueza Cecilia De Negre sostuvo que esta calificación solo puede ser realizada a través de una ley formal del Congreso. Según la Jueza, al darle a estas actividades el carácter de servicio público, se están limitando derechos fundamentales, lo cual requiere una ley formal emitida por el Congreso.

Además, la jueza argumentó que no se demostraron las circunstancias excepcionales que justificaran la emisión de un DNU en este caso, y que la duración de las medidas establecidas más allá de la pandemia las eran irrazonables. También criticó la delegación de poder al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para dictar normas complementarias, considerándola como una «delegación en blanco» en contra de la Constitución Nacional.

El Estado Nacional, por su parte, defendió que los servicios de TIC son esenciales y estratégicos en el siglo XXI, y que deben cumplir con características como continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad. Sin embargo, la jueza De Negre sostuvo que estas afirmaciones no justificaban el uso de un DNU para declararlos servicios públicos esenciales. Esta resolución de la Justicia marca un revés para el Gobierno y trae consecuencias para el sector de las telecomunicaciones en Argentina, que deberá replantear su regulación y definir el estatus de los servicios de TIC.

Fuente: El Cordillerano (Bariloche)

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Rosario: desbarataron centro clandestino de agroquímicos

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la colaboración de la Municipalidad de Rosario, desbarató un centro clandestino de tratamiento de envases vacíos de agroquímicos de Pérez. Hay un imputado, a quien se le aplicaron sanciones.

La intervención en la planta ubicada en el Camino de los Indios al 2400 se enmarcó en una investigación del MPA por contaminación dolosa, a partir de la utilización de residuos peligrosos de un modo perjudicial para la salud del ambiente, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Todo comenzó a partir de denuncias anónimas por el sospechoso vertido de sustancias y acopio de bidones plásticos en cantidad. Con esta intervención, la provincia y el MPA buscan garantizar la protección del ambiente y la seguridad de las comunidades, al tiempo que tiene a otros sospechosos bajo la lupa.

Este operativo formó parte de investigaciones del Ministerio de Ambiente y el MPA, a cargo del fiscal Pablo Lanza, en las cuales se detectaron predios en Rosario y Pérez, donde funcionaban centros de acopio y procesamiento de envases de fitosanitarios que ocasionaban perjuicios al ambiente.

Si bien no trascendió la identidad de la persona imputada, se confirmó que se le aplicaron múltiples reglas de conducta. La Asociación Civil “Campo Limpio”, creada por empresas abarcadas por la ley de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, estuvo a cargo del retiro y la disposición final de estos envases.

Durante el procedimiento se constataron infracciones a las leyes de medio ambiente (11.717) y de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios (27.279 y 13.842) debido a que en el lugar se verificó la existencia de dos galpones operativos con maquinaria destinada al procesamiento de bidones.

Se comprobó que en ese centro de acopio se vertían efluentes líquidos a campo abierto y un sector de almacenamiento con una superficie aproximada de 363 m² y un volumen de 450 m³ de envases vacíos de fitosanitarios. Además, detectaron la acumulación de 24 toneladas de material plástico procesado, cuya logística requirió la utilización de 20 camiones para retirar esa cantidad de desechos contaminantes.

También observaron la presencia de una laguna sin impermeabilizar que recibía líquidos provenientes del lavado de los bidones y una zona donde se realizan prácticas de quema de residuos plásticos, en clara contravención a la normativa ambiental vigente.

Durante la inspección se tomaron muestras sólidas y líquidas en diferentes puntos del predio para su análisis: suelo impactado en la zona de la laguna y el desagüe del galpón, así como líquidos en el interior del área de procesamiento. Se tomaron registros fotográficos del estado de las instalaciones y de etiquetas identificatorias que constataron la presencia de compuestos como glifosato, atrazina y metolaclor.

Fuente: Diario La Capital (Rosario)

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