La justicia Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que había considerado a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La medida fue tomada en respuesta a un reclamo presentado por la empresa Telecom Argentina, quien argumentó que la norma era inconstitucional ya que limitaba su capacidad para establecer libremente los precios y le imponía restricciones derivadas del control estatal.

El DNU 690/2020, publicado en agosto de 2020, había declarado a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como servicios públicos esenciales. Sin embargo, la jueza Cecilia De Negre sostuvo que esta calificación solo puede ser realizada a través de una ley formal del Congreso. Según la Jueza, al darle a estas actividades el carácter de servicio público, se están limitando derechos fundamentales, lo cual requiere una ley formal emitida por el Congreso.

Además, la jueza argumentó que no se demostraron las circunstancias excepcionales que justificaran la emisión de un DNU en este caso, y que la duración de las medidas establecidas más allá de la pandemia las eran irrazonables. También criticó la delegación de poder al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para dictar normas complementarias, considerándola como una «delegación en blanco» en contra de la Constitución Nacional.

El Estado Nacional, por su parte, defendió que los servicios de TIC son esenciales y estratégicos en el siglo XXI, y que deben cumplir con características como continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad. Sin embargo, la jueza De Negre sostuvo que estas afirmaciones no justificaban el uso de un DNU para declararlos servicios públicos esenciales. Esta resolución de la Justicia marca un revés para el Gobierno y trae consecuencias para el sector de las telecomunicaciones en Argentina, que deberá replantear su regulación y definir el estatus de los servicios de TIC.

Fuente: El Cordillerano (Bariloche)