Cinco integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fueron condenados este miércoles, por haber disparado en enero de 2016 contra un grupo de vecinos que ensayaba para una murga en el Barrio 1-11-14, en el Bajo Flores porteño, y herir al menos a cinco personas, entre ellas a un nene de 8 años. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 12 le impuso a Esteban Rafael Smolares (37), Saúl Humberto Juárez (36), Darío Fernando Solez Páez (33) y Elvio Ezequiel Cardozo (44) la pena de 3 años y 6 meses de prisión y de cumplimiento efectivo.
Yanina Soledad Maldonado (32) recibió 3 años en suspenso, todos ellos como coautores del delito de «vejaciones en concurso ideal con lesiones de importancia leve, por mediar abuso de las funciones de miembros integrantes de una fuerza de seguridad y ambas figuras agravadas por el uso de un arma de fuego». Los jueces Claudia Moscato, Luis Márquez y Darío Martín Medina también resolvieron que los gendarmes no puedan ejercer la función pública por siete años y la mujer por seis, en tanto que Guido Eliel Cativa (33) fue absuelto.
El TOC 12 rechazó el pedido de inmediata detención realizado por la fiscalía y dispuso que deberán presentarse dentro de los cinco días desde que el fallo quede firme para comenzar a cumplir las penas. En tanto que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo miércoles, añadió el Tribunal, que también les indicó a todos los imputados «la obligación de abstenerse de tener todo tipo de contacto y por cualquier medio con las personas damnificadas y de acercarse en un radio de 500 metros al Barrio Ricciardelli de esta ciudad, exBarrio 1-11-14».
Tras las condenas, los abogados Pablo Rovatti y Estaban Galli del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría general de la Nación (querellantes por una de las víctimas, el niño herido) destacaron la importancia de lo conseguido ante la Justicia. «Nos parece que el veredicto del Tribunal 12 es muy importante, estamos muy conformes con la decisión, que deja en evidencia la gravedad de los hechos y manda un mensaje muy claro de que la violencia institucional no puede tolerarse», dijo Rovatti.
El letrado agregó que «no se trata de que se haya acusado a toda una fuerza de seguridad, como a veces pretende instalarse de manera maniquea, sino de evaluar las responsabilidades individuales de los funcionarios que actuaron con una violencia injustificada y desproporcionada». El abogado expresó que «esos disparos dejaron hasta el día de hoy las marcas en los cuerpos de las víctimas, y solo por fortuna no dejaron a alguien ciego».
Fuente: Diario Crónica
