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Explosión en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina

Poco antes de las 10.30, Pamela Sousa estaba sentada en su escritorio en la Sociedad Rural Argentina. Mientras conversaba con un compañero de trabajo, al tiempo que un tercero se acercaba, comenzó a abrir un sobre que había llegado para el titular de la entidad, Nicolás Pino. Nunca esperó que al hacerlo surgiera de repente un humo negro y, sobre todo, una llamarada posterior. Ella y sus dos compañeros de trabajo, se alejaron de inmediato.

De inmediato se activó el protocolo de seguridad, llegó la policía y bomberos. Luego, los tres empleados y Pino fueron trasladados a un hospital para su control. En tanto, la entidad rural emitió un comunicado donde informó que se trató de «un explosivo casero que buscó atentar contra la vida del presidente de la Sociedad Rural». En el juzgado de Daniel Rafecas, que tiene a su cargo la investigación, caratularon la causa como «intimidación pública y averiguación de lesiones leves».

Las oficinas de la Sociedad Rural se encuentran en la calle Juncal 4450 del barrio porteño de Palermo. Cuando Sousa abrió el sobre incendiario, Nicolás Pino se encontraba en su oficina que está pegada al escritorio de ella. El humo que lanzó el sobre fue tanto que el titular de la SRA también lo inhaló. Por eso cuando llegaron los bomberos fue trasladado al hospital Fernández. Rafecas, según trascendió, ordenó desalojar el edificio, recorrer todas sus instalaciones en busca de otro posible sobre. También revisaron los edificios vecinos y, hasta la tarde, no habían trascendido novedades sobre estas averiguaciones.

Más allá de lo dicho por la SRA y su tesis de un atentado contra Pino, en el juzgado trabajan en varias hipótesis. Por un lado consideran que puede tratarse de «una interna de la SRA, tal vez por la conducción». Tampoco descartan que se trate de «un empleado o funcionario enojado, despechado o despedido que haya querido cobrar venganza». Lo importante, destacan los investigadores, es que no hubo heridos gracias a que «la detonación fue de muy bajo poder».

En un principio se creyó que se trataban de dos sobres con explosivos ya que junto al que había explotado llegó otro. El otro paquete que tenía como destinatario al vicepresidente de la entidad, Marcos Peredatras, fue revisado ser revisado y los investigadores determinaron que no tenía nada que ver con el que fue parte del atentado. El escritorio quedó con partes quemadas. Lo más afectado fue la computadora, un termo y papeles que estaban en el escritorio.

Poco después la Sociedad Rural emitió un comunicado donde sostienen que en base a los primeros informes que recibieron de la investigación, «podemos inferir que se trató de un explosivo casero que buscó atentar contra la vida del presidente de la entidad, Nicolás Pino». También consignaron que autoridades del Ministerio de Seguridad porteño «se hicieron presentes en las instalaciones de la entidad» y aclararon que la SRA «se encuentra abocada a colaborar con el esclarecimiento del gravísimo atentado, confiando en las autoridades antes mencionadas».

Por último, el comunicado de SRA sostiene que “queremos agradecer a las entidades, asociaciones, autoridades, funcionarios, empresarios, gremios y a todas las personas por el apoyo y la solidaridad recibida en estas horas, reiterando nuestro acompañamiento a las familias de los afectados directos y a toda la comunidad de la Sociedad Rural Argentina en este difícil y crítico momento”. Pino tenía agendado un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Se iba a realizar en la Rosada a las 17.30 de este jueves, pero fue suspendido.

Fuente: Diario Página/12

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Rosario: desbarataron centro clandestino de agroquímicos

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la colaboración de la Municipalidad de Rosario, desbarató un centro clandestino de tratamiento de envases vacíos de agroquímicos de Pérez. Hay un imputado, a quien se le aplicaron sanciones.

La intervención en la planta ubicada en el Camino de los Indios al 2400 se enmarcó en una investigación del MPA por contaminación dolosa, a partir de la utilización de residuos peligrosos de un modo perjudicial para la salud del ambiente, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Todo comenzó a partir de denuncias anónimas por el sospechoso vertido de sustancias y acopio de bidones plásticos en cantidad. Con esta intervención, la provincia y el MPA buscan garantizar la protección del ambiente y la seguridad de las comunidades, al tiempo que tiene a otros sospechosos bajo la lupa.

Este operativo formó parte de investigaciones del Ministerio de Ambiente y el MPA, a cargo del fiscal Pablo Lanza, en las cuales se detectaron predios en Rosario y Pérez, donde funcionaban centros de acopio y procesamiento de envases de fitosanitarios que ocasionaban perjuicios al ambiente.

Si bien no trascendió la identidad de la persona imputada, se confirmó que se le aplicaron múltiples reglas de conducta. La Asociación Civil “Campo Limpio”, creada por empresas abarcadas por la ley de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, estuvo a cargo del retiro y la disposición final de estos envases.

Durante el procedimiento se constataron infracciones a las leyes de medio ambiente (11.717) y de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios (27.279 y 13.842) debido a que en el lugar se verificó la existencia de dos galpones operativos con maquinaria destinada al procesamiento de bidones.

Se comprobó que en ese centro de acopio se vertían efluentes líquidos a campo abierto y un sector de almacenamiento con una superficie aproximada de 363 m² y un volumen de 450 m³ de envases vacíos de fitosanitarios. Además, detectaron la acumulación de 24 toneladas de material plástico procesado, cuya logística requirió la utilización de 20 camiones para retirar esa cantidad de desechos contaminantes.

También observaron la presencia de una laguna sin impermeabilizar que recibía líquidos provenientes del lavado de los bidones y una zona donde se realizan prácticas de quema de residuos plásticos, en clara contravención a la normativa ambiental vigente.

Durante la inspección se tomaron muestras sólidas y líquidas en diferentes puntos del predio para su análisis: suelo impactado en la zona de la laguna y el desagüe del galpón, así como líquidos en el interior del área de procesamiento. Se tomaron registros fotográficos del estado de las instalaciones y de etiquetas identificatorias que constataron la presencia de compuestos como glifosato, atrazina y metolaclor.

Fuente: Diario La Capital (Rosario)

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