Una organización armada para la venta de drogas al menudeo y extorsiones, dirigida por un preso desde la cárcel y aceitada en la calle por su padre policía, quedó al descubierto en septiembre de 2022. Entonces fue atacado a tiros un negocio de Génova al 1600 y resultaron heridos un empleado del local y a una señora de 68 años que sufrió un balazo en el abdomen al entrar un proyectil en una carnicería cercana. Se descubrió que el objetivo de la balacera no era ese local sino un minimarket de la cuadra donde, según los vecinos, se vendían drogas y planeaban atentados.
Tres acusados de pertenecer a esa banda polirrubro, entre ellos el efectivo ya retirado, aceptaron penas que van de los 4 a los 15 años de prisión. Las condenas se dictaron en un juicio abreviado que se realizó este miércoles en el Centro de Justicia Penal. El fiscal Franco Carbone y la defensa de los acusados acordaron penas para Pablo Corvalán, el policía retirado Edgardo Avila y Tobías Mieres como miembros de una asociación ilícita que funcionó al menos entre los primeros días de septiembre de 2022 y el 7 de noviembre de ese año, cuando se concretaron los allanamientos y detenciones.
La investigación al grupo se inició tras una feroz balacera del 5 de septiembre de 2022. Cerca de las 18 de ese día, un joven entró a un quiosco de Génova al 1600, en barrio Alberdi, y comenzó a disparar. Hizo cuatro tiros dentro del local y otros seis para cubrir su escape. El resultado fueron dos personas heridas. A un empleado del negocio un balazo le perforó el brazo izquierdo. Una clienta de una carnicería de la cuadra fue alcanzada en el abdomen por una bala que perforó la puerta de vidrio del local durante el escape del agresor.
Se descubrió entonces que el objetivo del ataque no eran esos comercios sino un local de la cuadra que estaba abierto toda la semana. Los vecinos contaron que en ese minimarket se planeaban ataques y extorsiones y que además se vendían drogas. Dijeron que el negocio era propiedad de un policía retirado, acusado de ser el nexo en la calle de su hijo preso. Un mes más tarde se realizaron 16 allanamientos ordenados por Carbone en la zona oeste de Rosario, en Roldán, en la localidad de Monje —donde se incautó armamento— y también en cárceles de Coronda, Rosario, Piñero y Pérez.
Los detenidos fueron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer balaceras, extorsiones y usurpaciones, entre otros delitos como tenencia, portación y venta de armas y la venta de drogas a bala escala. Al frente del grupo fue ubicado el interno Edgardo David Avila, de 34 años. En marzo pasado fue condenado a 23 años y 8 meses de prisión por los jueces Fernando Sosa, María Isabel Mas Varela y Aldo Bilbao Benítez. Asumió esa pena en un juicio abreviado como jefe de una asociación ilícita y por los delitos de portación ilegal de armas y un intento de homicidio calificado.
La condena se unificó con una anterior que Avila había recibido en 2021 por portación de arma de guerra y encubrimiento. Carbone acusó a Avila de haber sido quien “las 24 horas del día” operaba desde prisión ordenando atentados con armas, eligiendo a quienes cometerían los hechos, disponiendo de armas, autos y motos y decidiendo dónde esconderlos, además del control del funcionamiento y la recaudación de los búnkers de drogas.
Otra condena fue para Edgardo David Avila padre, un policía retirado de 60 años que recibió 4 años de prisión como miembro del grupo. Según la condena, cumplía un rol de “vital importancia” para el funcionamiento de la banda al operar como nexo entre su hijo detenido y el resto de la organización. “Su tarea principal y permanente consiste en estar a disposición para distribuir las actividades delictivas a los diferentes miembros y proporcionar las armas de fuego a requerimiento de su hijo”, dice la sentencia.
Fuente: Diario La Capital (Rosario)
