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Por abusar de su secretaria: procesaron al intendente matancero Fernando Espinoza

La Sala VII de la Cámara de Crimen confirmó hoy el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual a su ex secretaria privada Melody Raskaukas, por lo que la causa quedó a un paso del juicio oral y público. Además, le dictó un embargo de 1.500.000 de pesos sobre los bienes del jefe comunal matancero. Se ratificó así la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, quien había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial.

Este último cargo se debe al hecho de que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y sin embargo la abordó por teléfono para persuadirla de que retirara la denuncia en su contra. Los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich marcaron una postura en línea con la del fiscal Mauricio Viera, quien había dictaminado para que se ratificara el procesamiento. De esta manera, el expediente retornará al juzgado de Galleti, quien deberá resolver si da por finalizada la instrucción en caso de que considere que ya está agotada la instancia de investigación.

Si así lo fuera, la jueza le requerirá a las partes que se expidan sobre si el expediente debe ser enviado a juicio oral, en cuyo caso la causa se sorteará entre los tribunales orales para darle continuidad al proceso judicial. Los hechos por los que Espinoza quedó procesado datan de 2021, poco después de que Melody Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada del intendente matancero, por una recomendación del ex novio de ella. La mujer relató que el jefe comunal se apersonó en el domicilio privado de ella y allí se habría producido los «tocamientos impúdicos» sobre el cuerpo de la mujer.

Luego de que Rakauskas estableciera la denuncia, la mujer habría sido presionada personalmente por Espinoza para que la retirase, a cambio de un emprendimiento inmobiliario y otras cuestiones materiales a modo de soborno, en conversaciones que quedaron grabadas. A raíz de los hechos, el juzgado 31 dictó el procesamiento de Espinoza y le impuso un embargo por 1.500.000 pesos, sumado a la prohibición de acercamiento y cualquier contacto con la víctima.

Fuente: Diario La Prensa

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Paraná: sede sindical invadida a los tiros

El centro de Paraná alteró su rutina de viernes previo a las vacaciones de invierno cuando, en un ataque comando, un grupo asaltó la UOCRA. La sede del gremio está ubicada en calle Andrés Pazos, en la misma manzana que la Municipalidad y a una cuadra y media de la peatonal. Los agresores están identificados como santafesinos y rosarinos. Testigos presenciales los vieron agruparse en una plaza ubicada a cien metros y, desde allí, avanzar hacia el edificio de la UOCRA. Arribaron de imprevisto, a bordo de dos camionetas: una blanca y la otra negra.

El asalto se produjo a eso de las 8 de la mañana, cuando comenzaba la actividad. Entraron por la fuerza. Corrieron a dirigentes y empleados de la sede, una antigua casona remodelada de una planta. Personas que estuvieron en ese momento relataron que a varios referentes del sindicato de la construcción los golpearon y los amenazaron con armas blancas. Casi de inmediato, se produjo la reacción. Grupos de la UOCRA Paraná llegaron a recuperar su lugar.

Se generó entonces el enfrentamiento donde se escucharon las detonaciones, que varios vecinos del lugar registraron con sus celulares. De inmediato arribaron varios móviles policiales que intentaron distanciar a unos y otros. El grupo santafesino resistió el embate y bloqueó puertas y ventanas con muebles del interior del edificio. Los integrantes de UOCRA Paraná rompieron entonces los vidrios y persianas de madera para forzar el acceso. No lo lograron.

El personal de la fuerza de seguridad corrió hacia la esquina de calle San Juan al grupo paranaense que, al retirarse, atacó los vehículos de los santafesinos. Hasta pasado el mediodía, un doble cordón de la Policía impedía que reintenten retomar el control de la sede por la fuerza. Las fiscales Jimena Ballesteros y Valeria Vilches montaron una negociación con los usurpadores. Acordaron que se iban a retirar por propia voluntad, si estaban dadas las condiciones. Al salir, subieron a las unidades de la Policía que los trasladaron a los Tribunales donde fueron indagados por el hecho.

Fuente: Diario El Día de Gualeguaychú (Entre Ríos)

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